En su dictamen de 76 páginas, el Tribunal Supremo ratificó, no obstante, parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.

La decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración.

En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070 y revalidó otras.

Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas pro inmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.

La ley SB1070 de Arizona había sido promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes.

El dictamen, según los analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.

El Tribunal Supremo tenía ante sí varios escenarios posibles: anular sólo aquellas secciones que suponían una intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar otras.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que el pasado 15 de junio, la Administración Obama decidiera suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad que entraron a EE.UU. cuando eran menores.

El debate sobre qué hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se calcula viven en EE.UU. ha llegado hasta la contienda electoral, en unos momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.

El caso de la SB1070 llegó ante el Tribunal Supremo porque la gobernadora Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de bloquear las partes más polémicas de la ley estatal.

Esas jurisdicciones inferiores coincidieron con el Departamento de Justicia en que esas partes de la ley usurpaban los poderes del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.