Las rupturas con el viejo régimen

Artur Mas, presidente del gobierno en Cataluña (norte de España), anunciaba hace pocos días la posibilidad de efectuar, el 9 de noviembre de este año, una especie de semi-consulta por la independencia; sin censo previo y con la colaboración de unos 30.000 voluntarios provenientes de la Asamblea Nacional Catalana. El hecho de que se debata la posibilidad de independizarse es una victoria para un segmento que concentra, en esta región, más de la mitad de los votos: el nacionalismo independentista, federalista o confederalista (de carácter identitario o insolidario).

Sin embargo, hay quien advierte que los resultados de un hipotético referéndum varían en función de si Cataluña quedaría fuera o dentro de la UE, si sube o baja su PIB, o si sale del euro; tal y como argumenta Peña-López (http://tinyurl.com/lfhrco6). Una de las principales carencias de este proceso es la falta de información que permita a las personas tomar una decisión argumentada de las consecuencias del voto en uno u otro sentido.

Parece que el órdago secesionista es utilizado por el gobierno de Mas para negociar un nuevo modelo autonómico para esta región. En ocasiones, las maniobras partidistas enmarcan la agenda política de los ciudadanos, tal y como argumentan Rodríguez y Barrio (http://tinyurl.com/o28pl55).

En Cataluña, la opción de ser un nuevo Estado de la UE ha pasado del 13% en 2005 a un 45% en 2014; esta preferencia se da principalmente entre las clases acomodadas, como reflejan Marí-Klose y Moreno (http://tinyurl.com/m5kl3sn). En este grupo se mezclan, por un lado, los deseos de una parte de la población catalana que no se siente española con los de otra parte que, a pesar de tener una identidad dual, tanto española como catalana, cree que un estado propio ayudaría a mejorar la situación económica y política.

Como sucede en ocasiones, en época de dificultades a los políticos les conviene buscar su cabeza de turco en la migración o en los más débiles. Justificándose en la crisis, los gobiernos de España y Cataluña han recortado el estado de bienestar, como por ejemplo la Renta Mínima de Inserción (similar al bono de desarrollo humano en Ecuador). A finales de 2010 se recorta esta ayuda en Cataluña que permite subsistir a una parte de la población más empobrecida; la mitad de ellos migrantes sin red familiar de apoyo. Paradójicamente se ha retirado la tributación de las herencias y otros impuestos como el del patrimonio. Esto ha significado menos dinero recaudado, pero más en los bolsillos de quienes más tienen. También el Gobierno central ha cercenado prestaciones sanitarias a los inmigrantes, entre otros recortes; así como limitado el déficit de las comunidades y por tanto su autonomía financiera.

En Cataluña, el actual partido de gobierno, Convergencia y Unión (CiU), colgaba carteles electorales en los que exclamaba que “aquí no caben todos”, refiriéndose a los inmigrantes; o acusando al sur de España de vivir “subvencionada” por la “Cataluña productiva”. Esta actitud es un reflejo del discurso xenófobo repetido también por otros partidos catalanes como Plataforma x Cataluña, sobre todo contra magrebíes. En la misma línea actúa el actual alcalde de Badalona (Partido Popular) focalizando sus ataques en contra de la población originaria de Rumanía. Otros grupos que han contribuido a este discurso insolidario han sido partidos como Reagrupament, Solidaridad Catalana por la Independencia o ERC, agitando el parlamento catalán con el mantra de “España nos roba”, o el “expolio” estatal a Cataluña.

Así, la opción separatista ha tomado cuerpo a raíz de la negativa del gobierno central (PP) a la petición de mayor financiación reclamada, en otoño de 2012, por el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. A partir de entonces este asume la carta de la independencia, algo que siempre había rechazado escudándose en un mundo interdependiente. No obstante, a día de hoy, el gobierno catalán, a través de su consejero de economía, lanza mensajes de que un nuevo modelo autonómico (en financiación y cultura) permitiría calmar las aguas.

La crisis económica, desde 2008, supone recortes en el estado de bienestar y el rescate de las cajas de ahorro, que lo pagará la ciudadanía. Por poner solo dos ejemplos de una ristra: el Gobierno central ha rescatado carreteras de peajes concesionadas o en Cataluña se ha privatizado el agua potable. Pero en esta región han surgido otros actores no partidistas como las Candidaturas de Unidad Popular o Proceso Constituyente, movimientos que plantean una independencia en todos los sentidos, del Estado pero también de los poderes fácticos, sean estos catalanes, españoles o europeos. Estos anhelos de superar el marco legal y avanzar hacia una nueva legitimidad más ética se plasma también en movimientos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (integrada por muchos ecuatorianos), que ha desobedecido órdenes de desahucios a partir de una resistencia activa no violenta. La exportavoz de este movimiento, Ada Colau, pretende postularse como candidata a alcalde de Barcelona en una confluencia de partidos de izquierda (Ganemos) favorables a un cambio total del sistema. Colau se ha posicionado también a favor de una independencia y se centra en un activismo social internacionalista sin los matices identitarios o insolidarios que manifiestan otros actores políticos. Habrá que esperar si este tipo de opciones ganan en las elecciones municipales de mayo de 2015. Esto supondría, en principio,  una ruptura del sistema actual.