La apuesta que hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hace 2 años, de iniciar un proceso de paz con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tomó impulso este año y marcó la tendencia del país en lograr la reconciliación de los colombianos luego de 50 años de conflicto armado.

Sin duda, aparte de la situación económica, social y cultural, dicho proceso marcó la pauta de los principales hechos que afrontó Colombia en medio de los torbellinos de la violencia y de los enemigos políticos y armados que siempre estuvieron pendientes de torpedear el principal anhelo de la población.

Uno de los hechos más notorios que se desprendieron del proceso, fue la reelección presidencial de Santos, con un país prácticamente dividido en 2, entre los que querían continuar con el proceso y quienes preferían que se acabara.

De acuerdo con el politólogo Gonzalo Restrepo, “las discusiones sobre la agenda de La Habana se tomaron los debates políticos, los programas de opinión y la intimidad de los hogares. Pero a finales de 2014, más que logos de partidos políticos o iniciativas del gobierno, la postura ante el proceso de paz es simultáneamente factor de unión y división entre los colombianos”.

A la par que la paz se convertía en protagonista de las elecciones en Colombia, en Cuba el proceso empezó a mostrar adelantos importantes. En plena campaña presidencial, el gobierno y FARC anunciaron el acuerdo parcial sobre narcotráfico que se sumó a los ya firmados sobre desarrollo agrario y participación política.

Literalmente, en ninguno de los intentos de negociación del pasado la guerrilla y el Estado colombiano habían conseguido acuerdos en temas tan cruciales para la dinámica del conflicto interno como la sustitución de cultivos ilícitos, propiedad de la tierra y circunscripciones territoriales de paz, entre otros.

La dinámica del proceso llevó a que entrara a la Mesa de diálogo la delicada agenda de las víctimas, la Justicia y el fin del conflicto. Comisiones de víctimas de los distintos actores de la guerra visitaron La Habana en medio de duros debates en el país. La postura de las FARC en este tema sensible fue equívoca: mientras aceptaban haber victimizado miles de colombianos, reclamaban ellos mismos su condición de víctimas del Estado. Incluso atacaron con infamia a la representante a la Cámara, Clara Rojas, y al general retirado Luis Mendieta, dos de sus exsecuestrados más representativos.

Una revisión a las principales encuestas muestra que los índices de rechazo a la participación política de los comandantes guerrilleros continúan en niveles altos. Una tendencia similar ha tenido el porcentaje de colombianos que se resisten a la idea de que los guerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes, como lo ha insinuado el Fiscal General, Eduardo Montealegre.

Una de las razones de esta resistencia ciudadana radica en la dificultad de negociar en medio del conflicto. El dilema de esa condición se reflejó abruptamente en la primera y más grave crisis de lo corrido del proceso de paz: el secuestro por las FARC (el 16 de noviembre) y posterior liberación del general Rubén Alzate. Este general se convirtió no solo en el miembro activo de más alto rango en poder de la guerrilla, sino también el más severo golpe dado a las Fuerzas Militares en el conflicto armado. Si bien el presidente Santos suspendió los diálogos ante el secuestro de Alzate, su rápida liberación fue interpretada como una muestra de compromiso con el proceso.

La negociación con las FARC no ha terminado, aún es prematuro calcular cuánto costaría aplicar los acuerdos de paz y los tiempos para la refrendación popular.