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Las FARC abogan por una reforma política y jurídica en Colombia

Las FARC abogan por una reforma política y jurídica en Colombia
13 de diciembre de 2014 - 12:43 - Agencia AFP

La guerrilla comunista de las FARC calificó este sábado de "irreal y asimétrica" la posibilidad de condicionar la firma de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en Cuba a "un obligado encarcelamiento" de su dirigencia, y abogó por una reforma política y jurídica en Colombia.

"Condicionar irremediablemente el fin exitoso del proceso de paz a un obligado encarcelamiento de la dirigencia guerrillera (...) es un supuesto no conocido ni puesto sobre la mesa con anterioridad en ningún proceso de paz", señaló la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por su comandante Pablo Catatumbo.

El dirigente rebelde reiteró que la guerrilla, que adelanta negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana desde 2012, está dispuesta a enfrentar las "responsabilidades" que se deriven de "cualquier hipotética infracción jurídica no amnistiable de las que se nos acuse", siempre que "se acredite solventemente" y sea respetado "el principio de presunción de inocencia".

"Pero nos resulta irreal y asimétrica la posibilidad de condicionar un acuerdo de paz al irremediable encarcelamiento a priori de los guerrilleros, mientras pervive la impunidad de la oligarquía, la clase política y las fuerzas militares colombianas, todos ellos directamente responsables de los crímenes cometidos durante más de 50 años en Colombia", añadió Catatumbo.

Asimismo, consideró que "no hay otro camino que abrir paso ya a una penetrante reforma política y jurídica surgida de los avances (en los diálogos) en La Habana", que devuelva a Colombia "la identidad del delito político que fue quebrada".

Las FARC han admitido que sus acciones armadas afectaron a la población civil colombiana y no sólo a las fuerzas militares, pero niegan haber cometido crímenes de "lesa humanidad" ni infringido el "derecho internacional humanitario", que regula la conducta de los beligerantes en un conflicto armado, por lo que sus dirigentes "no podrán ser penalizados", como pretende el gobierno colombiano y la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Las negociaciones de La Habana buscan acabar un conflicto armado de 50 años en Colombia, el más antiguo del continente, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales.

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