A poco de cumplir los primeros tres meses en la Presidencia del Perú, Pedro Pablo Kuczynski es testigo de una serie de denuncias que apuntan a personajes cercanos a su entorno político como posibles responsables de actos de corrupción.

Carlos Moreno Chacón, exasesor presidencial en temas de salud, y Gilbert Violeta, congresista y actual presidente del partido político de PPK, son los blancos de estas denuncias.

Emitida esta denuncia, el Congreso, institución en la que confía apenas el 27% de peruanos, fue escenario de las reacciones más airadas. Irónicamente estas vinieron de sectores políticos fuertemente cuestionados en su honorabilidad. El fujimorismo, por ejemplo, plantó su postura y aprovechó, de paso, para cuestionar la honestidad del nuevo Gobierno.

Por su parte, Gilbert Violeta, hombre cercano al presidente desde hace varios años, fue involucrado en un supuesto sistema de cobro de cupos para acceder a lugares privilegiados en las listas congresales de la pasada elección. De acuerdo a la denuncia emitida por Marco Maldonado, excandidato a congresista por la lista de PPK, Violeta habría valorado hasta en $ 100.000 cada puesto en la lista al Congreso, coordinando su pago en cuotas que irían de $ 10.000 a $ 15.000  mensuales.

Afectado por la continuidad de las denuncias, la semana pasada PPK mencionó la necesidad de implementar una Ley de Muerte Civil para los funcionarios corruptos, vía legal que dejaría, de por vida, inhabilitados para trabajar con el Estado a los funcionarios cuya participación en actos indebidos sea comprobada.

La reacción del presidente es vista con buenos ojos de parte de bancadas como Frente Amplio y Acción Popular –las que garantizarían su aprobación en el Congreso. (I)

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Pugna al interior del partido

Dos asesores presentaron su renuncia

Los asesores del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Villacorta Carranza y José Labán Ghiorzo, renunciaron para evitar que el Gobierno siga mostrando más rajaduras.

La partida de los dirigentes de Peruanos Por el Kambio (PPK) también fue la consecuencia de una pugna interna entre dos grupos al interior del Ejecutivo: los tecnócratas encabezados por la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz y el premier Fernando Zavala. (I)