En un giro inesperado, la Comisión Europea amenazó ayer a Grecia con la expulsión del euro, el Grexit, si su plan de rescate no satisface los deseos de austeridad marcados por la Troika. Lo dijo sin ambages Jean Claude Juncker, presidente del principal organismo ejecutivo de la UE, pocas horas antes del agrio debate celebrado en la Eurocámara sobre la crisis griega. “No lo quiero, pero no puedo impedirlo”, aseguró tan enfadado que llegó a golpear el atril y a preguntarse cómo el Gobierno de Grecia había podido llamar terroristas a los acreedores -en referencia a una reciente declaración de su exministro de Finanzas-.

Atenas presentará hoy un nuevo plan de ajuste para 3 años que llevará aparejado la solicitud del tercer rescate oficial al Banco Central Europeo (BCE) valorado en 50.000 millones de euros. Fue el presidente del Consejo, Donald Tusk, quien aportó algo de optimismo al reconocer que “la solicitud de este nuevo rescate griego es una buena señal” sobre la voluntad helena para llegar a un acuerdo.

Poco más se sabe. Ni un detalle sobre cómo Tsipras conjugará en el programa de ajuste el deseo de cobro de los acreedores y la austeridad exigida por países como Alemania con el rotundo “No” a la agenda de la Troika expresado por el pueblo griego en las urnas. “Lo que nos proponen es inviable porque es imposible pagar la deuda sin estrangular la economía social”, señaló.

A continuación Tsipras escuchó todo tipo de acusaciones por parte de los representantes políticos del continente entre ellos el de ser “aliado de la extrema derecha de Le Pen” y “amigo de Fidel Castro”. Lindezas que el mandatario heleno sorteó como pudo pero con gesto de preocupación y una cierta soledad. Fue un ataque en toda regla, la explosión de una tensión contenida por los defensores de la austeridad, sabedores de que viven el momento decisivo para imponer su agenda económica. El portavoz del grupo liberal, el belga Guy Verhofstadt, llegó a preguntar a Tsipras cómo le gustaría pasar a la historia “como un accidente democrático o como un líder audaz que acometió un revolucionario cambio de sistema de privilegios”.

Más lejos aún fue el conservador alemán Manfred Weber, quien pidió al primer ministro heleno que saque a su país del euro sin dilación, regrese al dracma y aplique “el marxismo con el dinero de los millonarios griegos”.
Tan solo el grupo de la Izquierda Unitaria y, en menor medida, los Verdes, mostraron su apoyo al Gobierno griego. Una Babel en el siglo XXI. Así lo explicó el europarlamentario de Podemos, Pablo Iglesias, al resumir el desagradable espectáculo ofrecido por los populares y liberales con sus despiadados ataques a Tsipras. “Es la agenda de Alemania y no Grecia la que nos está llevando al desastre”, insistió.

Tsipras se defendió de la ofensiva apelando, entre aplausos y abucheos, a “la incapacidad europea para encontrar una solución duradera a la deuda. Es un problema europeo y los problemas europeos requieren soluciones europeas”, pero ratificó su confianza en el acuerdo. “Pedimos un compromiso productivo y justo. Creo que juntos podemos lograrlo”, aseguró. Pero tiene un plazo para conseguirlo: el domingo. Entonces, se celebrará la cumbre definitiva y si la propuesta griega no satisface a los acreedores, Grecia será expulsada del euro.

Europa se enfrenta en los próximos cuatro días al momento más crítico desde el fin de la II Guerra Mundial. (I)

Londres recorta $ 18.700 millones en gasto público

El Gobierno inglés recortará $ 18.700 millones anuales al presupuesto público con lo que reducirá fondos en los sectores de vivienda, subsidios sociales y el presupuesto de la BBC, en una serie de medidas que fueron duramente repudiadas por la oposición y los principales sindicatos del país.

Una de las medidas previstas para este presupuesto es la quita de subsidios de viviendas sociales para cientos de miles de personas que ganan salarios medios.

Aquellas personas que ganen más de $ 62.000 al año o más en Londres, o $ 46.000 anuales en el resto de Inglaterra, deberán pagar un alquiler más elevado o entregar su vivienda social.

El Ministerio de Hacienda espera recaudar hasta $ 390.000 millones más para el período fiscal de 2018-2019, y de esa forma achicar el endeudamiento público.

El titular de la cartera de Finanzas, George Osborne, considera que al menos el 9% de los inquilinos de viviendas sociales podrían pagar más porque están ganando mejores salarios.

En total, habría unos 300.000 inquilinos de viviendas sociales que ganan más de $ 46.000 anuales.

El presupuesto incluirá un aumento de los impuestos con fines ambientalistas, que financien proyectos de energía renovables, los cuales requerirán más de $ 14.000 millones en subsidios anuales públicos para 2020.

Otra de las medidas del gobierno será aumentar el impuesto a la herencia para viviendas familiares que superen el valor de $ 1,6 millones, una de las iniciativas prometidas durante la pasada campaña electoral. (Leonardo Boix, corresponsal en Londres) (I)