No es alentador. El panorama laboral en el Perú, a menos de cumplirse el primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se enrarece. Resuena todavía una de las promesas de campaña que auparon la victoria de PPK frente a Keiko Fujimori: crear, en sus cinco años de mandato, tres millones de nuevos empleos.

Esto obligaría que, al menos, hasta el momento, 300.000 nuevas plazas de trabajo estuvieran funcionando. Pero la realidad no va de la mano con esos cálculos: de acuerdo con el INEI, entidad encargada de las estadísticas en el país, solo en el trimestre de diciembre a febrero último, la tasa de desempleo en el país creció al 7,7%, su índice más alto desde 2012.

El golpe de ese incremento ha sido diferenciado para hombres y mujeres, intergeneracionalmente. De los 45.500 nuevos empleos creados en ese mismo trimestre, el sector más beneficiado ha sido el de las mujeres: su mano de obra es absorbida con mayor rapidez por el mercado. Ha pasado eso también con los trabajadores mayores de 25 años: el 80% de ellos han sido enrolado en los empleos, dejando por fuera al 20,5% de jóvenes, de entre 14 y 20 años, como el grupo menos favorecido en el reparto de plazas de empleo,

Razones para que el desempleo se eleve y la dinámica de trabajo juvenil se contraiga, parecen evidentes en lo inmediato y lo estructural.

Por un lado, la intersección de la desaceleración de los sectores no primarios como la construcción, manufacturas, servicios y comercio, ha coincidido con los efectos del temporal grave vivido por la zona norte y centro del país. De acuerdo con los empresarios de estos sectores, ahora mismo, no existe posibilidad de acelerar el incremento de empleo creando nuevas plazas.

De forma estructural, la afirmación de PPK de incrementar el empleo apuntaba al cambio de leyes que norman la incorporación de empleados de manera formal al mercado.

Esto, en un país en el que la tasa de informalidad era, hasta el año pasado, cercana al 80%, es un problema pues implica la inserción de los capitales movilizadores del empleo en otra dinámica fiscal con el Estado, lo que sin duda es un proceso lento, mediado por la desconfianza.

En el día a día estos elementos tienen su materialización. Si hasta el año pasado una empresa era capaz de emplear a 10 jóvenes de modo informal, ahora, debido a la prevalencia de reformas laborales, solo podrá emplear a dos de ellos en el régimen formal. Los otros ocho formarán el grupo de desempleados, que en este último trimestre, solo en Lima, ha bordeado el medio millón de personas, o, lo que es peor, pasarán a emplearse en condiciones precarias, menos ventajosas que las anteriores condiciones informales.

Según Alfonso Grados, ministro de Trabajo, la apuesta por las reformas laborales estará acompañada de inversión estatal. Setenta millones de soles ($ 25 millones) serán inyectados por el Estado para asegurar que las empresas se animen a contratar a trabajadores jóvenes a quienes se les subsidiará el seguro social, la compensación por tiempo de servicios y las vacaciones pagadas. Se espera que así, en el menor plazo, 50.000 nuevos empleos alberguen a jóvenes entre los 18 y 29 años, un número mínimo, todavía, frente al porcentaje de desempleo.

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a nivel latinoamericano el descenso de trabajo ha sido mayor en los jóvenes. Se calcula que en la región el 56% de los miembros de este grupo se encuentran cesantes. Un número que triplica al porcentaje de adultos en la misma condición. (I)

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Ministro del Interior será interpelado

Sumarán tres ministros interpelados por el Congreso, el próximo 21 de junio cuando Carlos Basombrío, titular de la cartera de Interior, asista al parlamento para responder las 39 preguntas con las que se evaluará su desempeño tras un año de funciones.

Jaime Saavedra, ministro de Educación, y Martín Vizacarra, ministro de Transporte y Telecomunicaciones fueron, a su turno, otros representantes del régimen que atravesaron la misma ruta: el Congreso, de mayoría fujimorista, los llamó a interpelación y, sin que mediara debate de sus argumentos, los destituyó.

Con Basombrío el mecanismo se percibe igual. A un año de posesión de Pedro Pablo Kuczynski frente al gobierno, la inseguridad es todavía el principal problema que afrontan los peruanos. Más del 90% tienen temor de salir a las calles, una condición complementaria a la realidad de ciudades como Lima, hoy considerada un territorio de las más altas tasas de inseguridad en Latinoamérica.

La oposición liderada por el fujimorismo mira en este trabajo frente a la delincuencia un fracaso rotundo. De acuerdo con Luis Galarreta, principal de la bancada fujimorista, la interpelación a Basombrío esclarecerá si la política de seguridad se hace “desde el escritorio como función de opinólogos”.

Además, desde el lado del aprismo, fuerza política que también apoya la interpelación a Basombrío, se incluirán preguntas sobre la situación de los ecuatorianos Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja Dassum, para pedir explicaciones de las condiciones en las que estas personas ingresaron a Perú y cuál será la perspectiva que les espere en el menor plazo. (I)