A Ollanta Humala, expresidente del Perú, lo persigue su fantasma: el Capitán Carlos, nombre de combate con el que se lo conocía cuando, en 1992, estuvo al frente de Madre Mía, una base militar que desplegó lucha armada contra Sendero Luminoso, en la región de San Martín.

Tras un juicio abierto en 2006 cuando Humala competía por llegar a la presidencia, se ventilaron una serie de testimonios que apuntaban a diversas acciones violentas encabezadas por el Capitán Carlos, su fantasma, en contra de la población civil. Desaparición forzada, asesinato y tortura, fueron entonces las categorías que la justicia evaluó en el debate que terminó, tres años después, con el archivo de la causa y la absolución de Humala.

En el intermedio un detalle: varios de los civiles y militares que testificaron en las pesquisas fueron cambiando de versión durante el proceso. Quienes habían visto cómo el Capitán Carlos, el fantasma, torturaba a los civiles, unos meses más adelante, ya no lo habían visto; quienes acusaban al militar de ordenar la desaparición de familiares confundiéndolos con senderistas, después de semanas y en otras declaraciones, ya no habían perdido a nadie, etcétera.

La unidad de investigación de diario El Comercio, de Lima, accedió, a finales de la semana pasada, a la transcripción de 111 audios, grabados entre abril y junio del 2011, e interceptados por órdenes del Poder Judicial, en los que se escucha a Humala, Nadine Heredia, su esposa, y su círculo más cercano, hablar de una serie de temas, entre ellos, los concernientes al fantasma, el Capitán Carlos. Cuatro de los audios describen los pagos efectuados a Jorge Ávila, uno de los testigos claves y quien, además, habría sido torturado a manos del expresidente.

Un pago de $ 4.500 habría bastado, de acuerdo al contenido de los audios, para que Ávila, cuya hermana y cuñado figuran como desaparecidos en el mismo proceso, se retracte y evite declarar en instancias mayores contra el fantasma.

De acuerdo con la Ley vigente en el Perú, solo las sentencias condenatorias pueden ser revisadas nuevamente, reabiertas e incluidas en ellas, nuevas pruebas. Siendo, la de Humala, una causa archivada y él mismo absuelto, el camino judicial que tendrían que seguir esos audios para enfrascar al exmandatario en un nuevo proceso se avizora confuso y extenso. Habría que probar primero que esos audios son reales, que ese dinero se entregó, y buscar la causa legal que los ampare.

La reacción de Humala frente al tema ha sido cauta. Él sabe que la Ley está de su lado. No se podrá reabrir la causa a menos que exista una excepción tremenda, también posible, en el panorama político que él vive. Sin embargo, parecería que estos audios apuntan a otra parte: ser incluidos como pruebas en el caso por lavado de activos que la fiscalía sigue contra él y su esposa. Lograr, en términos generales, acorralarlos.

Advertida de ello, la defensa de Humala quiere romper cualquier punto de contacto con el fantasma, Capitán Carlos. Desacreditar los audios declarándolos inválidos sería la opción a tomar. De ahí un paso más: toda prueba generada bajo una investigación, dice la defensa, no puede ser utilizada en otra causa.

Pero la cautela ha sido escasa de parte de sus contendores políticos: en el Congreso se propone la creación de una comisión que investigue las acciones de Humala en Madre Mía, las voces de delitos de lesa humanidad, misma condición que mantiene encarcelado a Alberto Fujimori, se empiezan a activar.

Mientras tanto, los testigos temen por su vida. Teresa Ávila dijo que durante la campaña política de 2006, gente cercana a Humala le llegó a ofrecer hasta $ 20 mil por su silencio y pidió protección policial. (I)