Todo empezó en el año 2006, cuando un grupo de estudiantes secundarios -que integró el movimiento denominado “Pingüino”, porque vestían uniforme negro y blanco- salió a las calles para pedir al Gobierno de izquierda de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) que mejorara la calidad y el acceso a la educación. Sin embargo, las dos grandes reivindicaciones de los alumnos, que eran la educación sin fines de lucro y el fin de la municipalización, es decir que estas dependencias públicas dejasen de estar a cargo de los colegios y pasaran a manos del Estado, quedaron fuera. No hubo acuerdos. 

Cinco años después y con un gobierno de derecha al mando de Sebastián Piñera, los estudiantes retornan al asfalto. La romántica y proverbial alusión a la  primavera de Mayo del 68 en Francia, cuando estudiantes de izquierda y otros grupos sociales protestaron contra la mala situación económica en el régimen de Charles de Gaulle, es inevitable...  En mayo de este año, lo ocurrido en 2006 origina que los universitarios chilenos, liderados  por la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), inicien sus reclamos.

Los jóvenes rechazan el modelo de educación actual que rige desde la dictadura de  Augusto Pinochet (1973-1990), uno de los sistemas  más segregadores del mundo, producto de las reformas neoliberales. Han pasado casi cinco  meses de las  movilizaciones en las que los manifestantes piden una enseñanza pública, gratuita y de calidad, pero todavía el Gobierno y los jóvenes no llegan a ningún acuerdo que satisfaga a las partes.

Los estudiantes mantuvieron una última reunión, el pasado jueves, con autoridades educativas, mientras que el   presidente chileno, Sebastián Piñera, cuyo nivel de popularidad llegó a descender hasta el 26% por este problema, presentó el proyecto de ley de presupuestos para 2012 que asciende a 60.000 millones de dólares, de los cuales 11.650 millones se destinarán a educación, con un aumento del 7,2% respecto a este año. De esta forma, la partida de educación absorberá el 25% del crecimiento total del gasto público para el próximo año.

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, calificó la última reunión que mantuvo con los estudiantes como compleja, pero que al final terminó con un buen paso que es tener una próxima reunión el 5 de octubre en la que el primer asunto a discutir será la gratuidad.

Para ello, los estudiantes alistan un documento que propone tres alternativas con el fin de financiar la gratuidad: realizar una reforma tributaria, reducir el gasto de las Fuerzas Armadas y renacionalizar el cobre, el principal producto de exportación chileno, según el líder estudiantil Sebastián Farfán.

La parte negativa de las protestas es que algunas han terminado en enfrentamientos. La más grave fue la del 26 de agosto, que tuvo un saldo de un menor de edad muerto, quien recibió un impacto de bala, supuestamente, de un carabinero. El caso está en investigación. El último incidente se registró hace tres días,  previo al diálogo que tenían los estudiantes con autoridades gubernamentales.  

Una de las voceras visibles de las manifestaciones, Camila Donato, nieta de dos desaparecidos durante el gobierno de Pinochet, indica a El Telégrafo que Chile está viviendo una crisis educacional que se arrastra desde la dictadura y que se siguió dando durante muchos años durante el gobierno de la Concertación.

La también presidenta del Pedagógico de la Universidad Metropolitana de la Educación asegura que más que  un movimiento estudiantil es un movimiento social que se extiende por todo Chile y que exige al Gobierno, además de la gratuitad, el fin del lucro en la educación.

“Esto ha empujado a las universidades a un autoendeudamiento, es decir que yo como Estado me hago muy poco cargo de mis universidades y finalmente las empujo a que ellas mismas suban los aranceles que son altísimos”, dice.

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),  las universidades estatales chilenas, que reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con las de otros países, son las más caras de América Latina y sus cuotas triplican las de Italia, cuadruplican las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia.  

El esfuerzo de las familias chilenas para pagar los aranceles, considerando los ingresos, “es el más alto de todos los países después de Estados Unidos”, señala la OCDE. 

En su blog, Camila Vallejo, una de las líderes estudiantiles más emblemáticas, enfatiza que la renta educativa se genera “fuera” del sistema educativo, por lo cual no es correcto pedirle al estudiante que la capte. “Ahora bien, es lógico que la educación no puede ser gratuita, dado que alguien tiene que pagarla, pero  debería hacerse a través de impuestos generales y específicos que deben gravarse”, añade.    

La joven destaca que el Estado debe captarla a través de los incrementos de productividad y de los ingresos que obtienen, principalmente, las grandes empresas, es decir, por medio de impuestos progresivos que se transfieran a las instituciones públicas mediante el presupuesto nacional, solo así aportarán al sistema educativo quienes se benefician de él.

Pero, ¿en qué etapa de evolución se encuentra este  movimiento estudiantil, calificado como uno de los más representativos desde inicio de la democracia y que lucha contra la privatización de la enseñanza?

Antes de analizar la situación de las movilizaciones estudiantiles, Manuel Antonio Garretón, sociólogo y catedrático  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, explica a El Telégrafo que al año 1973, el 90% de los niños estudiaba en escuelas públicas, mientras que apenas el 7% lo hacía en privadas, casos similares se daban en las instituciones superiores.

Pero desde que se promulgó la Ley de Universidades, en 1981, durante la época de la dictadura, el modelo educativo cambió: ahora el 40% estudia en la pública, y el 60% en la privada, acota.    

Entonces, el gran objetivo de los estudiantes, asegura Garretón, es plantear que la educación no es un negocio sino un derecho, y que eso implica consagración constitucional, principio de gratuidad, de no lucro, y al mismo tiempo del rol principal del Estado. Es por ello que estas movilizaciones ya han tomado fuerza. El tema es si pueden mantenerlas en un tiempo relativamente indefinido.      

El sociólogo chileno enfatiza que la agrupación es un movimiento sólido, porque tiene federaciones de estudiantes y existe una organización. Para Garredón, las protestas estudiantiles van a seguir, pero no sabe con cuánto desgaste porque incluso aunque las movilizaciones no siguieran y los planteamientos centrales no se cristalizaran, éstos van a quedar ahí y, por lo tanto, si hoy día no se resuelven los problemas, en dos años “vamos estar exactamente en lo mismo”.

El catedrático de la Universidad de Chile manifiesta  que el movimiento estudiantil es el que ha  asumido el tema de la democratización incompleta chilena, tarea que debieron haber solucionado los actores políticos, pero no lo hicieron,  y esto ha generado una “enorme deslegitimación de la clase política”.     

El coordinador académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, Juan Pablo Paredes, quien destaca, al igual que Garredón, al movimiento “Pingüino” como el primer paso para poner sobre el tapete el tema de la educación, indica que los estudiantes secundarios y universitarios  han puesto contra las cuerdas al Gobierno actual, además de tener una fuerza inusitada, “una fuerza impensada” en mayo, que fue escalando en junio, julio y agosto.  

Paredes señala este diario que la agrupación estudiantil es muy heterogénea y que, pese a tener una vocería representada por líderes mediáticos, como Camila Vallejo o George Jackson, las decisiones las toman con una “lógica horizontal” y, además, en el plano simbólico la compara con los movimientos de Mayo del 68 en Francia.

El profesional pronostica que se van a dar acuerdos a corto y a largo plazo entre el Gobierno y los estudiantes porque en estos momentos la situación se volvió política. “Estos jóvenes son ahora los hijos de la democracia, y eso es lo que va a estar en juego de aquí en adelante”.

En entrevista con El Telégrafo, el director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas Universidad de Los Lagos y sociólogo, Gonzalo Delamaza, afirma que lo que está sucediendo ahora corresponde a un convencimiento, no solo de los estudiantes sino del conjunto de la sociedad chilena, de que el actual modelo educativo no funciona.   

Pero existe un problema  específico -agrega Delamaza- que tiene que ver con el endeudamiento de los  universitarios. Es decir, si no se tiene una beca,  hay un mecanismo que con el aval del Estado permite solicitar a los bancos un crédito para que ellos puedan pagar la universidad y eso ha generado una enorme deuda para los jóvenes, porque son créditos bancarios. “ Eso es lo que reclaman los jóvenes”, enfatiza. 

El sociólogo destaca que uno de los rasgos que tiene el movimiento de hoy es que desconfía de cualquier solución por la experiencia que tuvo el movimiento “Pingüino”, que no alcanzó sus principales objetivos. Entonces -dice- es un movimiento más amplio, porque incluye a muchos universitarios y tiene el respaldo de la ciudadanía. De acuerdo con varios sondeos en Chile, el reclamo de los jóvenes cuenta con un alto apoyo ciudadano, que oscila entre el 75 y el 80%.

A juicio de Delamaza, los estudiantes tienen que organizarse mejor, deben tener un trabajo más modificado, más estratégico, sobre todo los secundarios. Los universitarios -explica- tienen un sistema de asamblea muy interesante, muy participativo, pero lo que se les dificulta actualmente es pasar ya a la negociación. El sociólogo recalca, entonces, que los manifestantes tienen que construir una plataforma política para evitar que el movimiento pierda fuerza.

La analista política chilena Lucía Dammert considera que el terreno que han labrado ahora los estudiantes es mucho más fértil que antes. Es un movimiento mucho más trasversal, que no solo se concentra en Santiago sino que abarca  otras ciudades. “Este es un movimiento por la educación, desde los jóvenes, pero con un reconocimiento y un acuerdo de la sociedad general en su conjunto”, define.

Opina, además, que el  malestar estudiantil va a continuar y se podría reflejar en las elecciones municipales y hasta presidenciales, y si con el paso del tiempo el Gobierno no logra avanzar con acuerdos, “las movilizaciones tomarían muchísima más fuerza”.