La policía chilena dispersó a cientos de escolares que ayer  pretendían realizar una  nueva marcha   prohibida por el Gobierno y detuvo a 36 de ellos en el marco de protestas estudiantiles que buscan el fortalecimiento de la educación pública.
Los estudiantes exigen desde hace dos meses una serie de reformas constitucionales para alcanzar una educación  de calidad, gratuita, y que se acabe con el lucro en las universidades.

El ministro del Interior, Rodrigo Hizpeter, explicó  que se  decidió prohibir las manifestaciones para evitar daños a la propiedad pública y privada como los provocados en tres  anteriores y en las que participaron 80 mil personas. La jornada de ayer comenzó con barricadas que estudiantes levantaron en 13 puntos de Santiago con neumáticos y maderas encendidas, pero que fueron dispersados por la policía, según imágenes de canales de televisión.

Estos desórdenes fueron la antesala de las marchas que universitarios y secundarios habían anunciado, pero que no fueron autorizadas por el Gobierno, que dispuso a un millar de uniformados para evitar las protestas.

“Hemos tenido toda la prudencia para hacer respetar los derechos de expresión, pero llega un límite que está dado porque un grupo de personas no perjudique el derecho del resto. Los estudiantes no son los dueños de este país”, dijo el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.

Horas más tarde, escolares intentaron  reunirse en la céntrica Plaza Italia, para iniciar la primera de las caminatas anunciadas, pero la policía los dispersó con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, evitando que la protesta recorra la Alameda, principal avenida de Santiago.

“Creemos que tenemos todo el derecho constitucional a manifestarnos sobre todo por la Alameda, pero no se dejó que los compañeros llegaran a Plaza Italia porque la policía comenzó a reprimirnos”, expresó a la prensa local Rodrigo Rivera, dirigente de los escolares.