El presidente de Hungría, Pál Schmitt, deberá firmar mañana la nueva y polémica Constitución, a pesar de las fuertes críticas que ha suscitado dentro y fuera del país centroeuropeo.

Los observadores dan por sentado que Schmitt, miembro del gobernante partido derechista Fidesz, que defiende la nueva Carga Magna, estampará su firma en el documento para que finalmente entre en vigor el 1 de enero de 2012.

Entre otros ha sido duramente criticada por algunos socios de la Unión Europea (UE), cuya Presidencia rotativa ostenta este semestre precisamente Hungría.

Con dos tercios de los escaños parlamentarios ganados en las últimas elecciones legislativas, el año pasado, el Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán, pudo hacer caso omiso a todas las protestas y salir adelante en la Cámara con el texto de la nueva Carta Magna.

Pero no por ello ha dejado de dividir, en lugar de unir, a la población húngara, pues la nueva ley fundamental "no pretende ser un texto aceptado por toda la comunidad política", explica a Efe Gábor Attila Tóth.

Este experto en derecho constitucional recuerda que en la votación del 18 de abril ningún miembro de los partidos de la oposición la aprobó, así que el documento refleja los valores e ideas de un bien definido grupo de la derecha conservadora y por lo tanto viene a ser una Constitución de un sólo partido.

También la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) ha denunciado en un comunicado que la nueva Constitución de Hungría "se ha redactado sin incluir a la sociedad".

Attila Mesterházy, presidente de los socialistas en la oposición, llegó incluso a calificarla de "ilegítima" por haber sido creada "para servir los intereses de un sólo partido", el Fidesz.

Hungría es el único país de la antigua órbita de la extinguida Unión Soviética que después de la caída del Telón de Acero no había redactado una nueva Constitución, pero sí había modificado de forma sustancia la vigente.

Para imponer una nueva ley fundamental, el Fidesz argumentó que la que había estaba fechada en 1949.

"No consideraron que en 1989, y después en 1990, fue renovada en su totalidad", señaló Tóth.

"El nuevo sistema de derechos fundamentales (de la Constitución) no armoniza con los estándares europeos", ya que instaura, entre otros, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y no excluye la discriminación sexual al determinar el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, añadió.

La principal crítica a la nueva ley fundamental se refiere a que se ha convertido en un instrumento que sirve a los intereses del Fidesz, limita las competencias del Tribunal Constitucional y modifica el proceso de aprobación de muchas leyes, que desde 2012 necesitarán de dos tercios de los votos del Parlamento.

Esto significará una traba para los próximos gobiernos, cuando quieran modificar leyes como las de políticas familiares o los sistemas impositivo y de pensiones, entre otros, advirtió Tóth.

También los vecinos del país magiar están preocupados porque se establece una equivalencia entre pueblo y nación, y con ello "considera como sujetos de la constitución también a las personas de origen húngaro que viven fuera de las fronteras y que son ciudadanos de esos países", dijo Tóth.

En Rumanía, Eslovaquia o Serbia viven importantes minorías de origen húngaro, que en su totalidad suman más de dos millones de personas.