La paz requiere el compromiso de todos

Tras 50 años de conflicto político armado, el País Vasco vive un nuevo panorama político. El cese de la actividad armada por parte de la organización ETA y los pasos dados en materia de paz por la sociedad vasca nos han llevado a una oportunidad histórica para cerrar de una vez el largo conflicto. Pero la paz requiere el compromiso de todos; del pueblo vasco, de la sociedad española y el compromiso de la comunidad internacional.

El conflicto político-armado. Durante cinco décadas de confrontación, se ha vivido la violencia por parte de los dos bandos; más de 1.400 muertos en total, entre las acciones armadas de ETA y las causadas por el Estado por medio de las fuerzas represivas o mediante los grupos parapoliciales (GAL, Triple A...). Miles han sido los heridos, sea por acciones armadas, cargas policiales, etc. Se calcula que unos 10.000 han sido torturados en estos 50 años, hay más de 550 presos políticos vascos dispersados por las cárceles españolas y francesas. El mapa del sufrimiento es muy extenso en el País Vasco.

Desde 1978 hasta 2008, 3 procesos de negociación han tenido lugar entre ETA y el Estado español, los tres se rompieron por causas diversas, tras el descalabro del proceso de negociación de 2006-2007 (2 ecuatorianos perdieron la vida en la acción que tuvo lugar contra el aeropuerto de barajas, la T4). El fracaso de este último proceso dio paso a una reflexión estratégica de fondo, de cara a definir el camino a seguir. La reflexión de fondo impulsada por la Izquierda Abertzale  y su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas posibilitaron los pasos de carácter unilateral que han abierto una nueva coyuntura política de esperanza para Euskal Herria.

Por el contrario, la maquinaria represiva de los Estados español y francés se mantiene en marcha, hay juicios contra cuadros políticos que se van a llevar a cabo los próximos meses, casos donde el juicio llega hasta 5 o 6 años después del arresto. El mantenimiento en la cárcel del secretario general del Partido Sortu, Arnaldo Otegi -y los compañeros arrestados con él- se ubica, precisamente, en ese escenario de confrontación en el que se siente más cómodo el Estado español.

La crisis española. Los problemas afloran por los cuatro costados y a lo único a que se aferra el gobierno del PP es a la Constitución de 1978, que todo el mundo afirma que necesita ser actualizada. El Estado vive una crisis de régimen: crisis política-institucional, de territorialidad (el modelo autonómico no sirve a las naciones históricas), credibilidad (casos de corrupción de la clase política o la propia monarquía), además de la grave crisis económica (deuda pública del 101% del PIB y más de 6 millones de personas sin empleo).

Pero no todo es negativo en el Estado español, en 2011 se evidenció por medio de las marchas de los ‘Indignados’ que había fuerza suficiente para doblegar el statu quo y hoy constatamos, cómo aquellos ‘Indignados’ han conformado una nueva fuerza política que busca cambiar de fondo la política estatal. La irrupción de Podemos en el escenario electoral parece haber traído el fin del bipartidismo, en vigor desde 1978. Podemos puede ser el trampolín de cambios estructurales; democráticos, de reconocimiento de las naciones históricas... Aunque todavía está por ver cuál será su devenir, esperamos que tenga la fuerza suficiente para llevar adelante los cambios que la sociedad exige.

Las naciones históricas. Las naciones de la Península Ibérica hace tiempo que dejamos de mirar hacia Madrid, hoy miramos a Europa. En la última década, las naciones sin Estado de Europa hemos constatado que el único modo de elegir nuestro futuro como pueblos, pasa por decidir por nosotros mismos el camino que queremos recorrer. Así ha sido en Escocia y lo será más pronto que tarde en Flandes, Groenlandia, Catalunya, País Vasco; tenemos ante nosotros la opción real de marcar el camino hacia la independencia.

Ese es el caso de Escocia, que aunque perdió el referéndum de independencia, con todas las fuerzas del sistema capitalista actual implicadas en la defensa del ‘No’, dio una lección de democracia. Paradigmática es en ese sentido la reacción del Gobierno español ante la consulta catalana. La ilegalización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 deja en evidencia la incapacidad de gestionar el nuevo tiempo político por parte del PP.

Dos millones y medio de personas acudieron a votar en la consulta catalana, pese a la prohibición, y lo único que ofrece Madrid ante tal movilización es la Constitución y más centralismo y pérdida de competencias. Persiste en proclamar la unidad de España y blandir la Constitución. No hay que olvidar que, según el artículo 8 de la Constitución española: “El Ejército es el garante de la unidad de España”.

Los independentistas de izquierda vascos queremos agarrar el tren de la soberanía para avanzar junto a los otros pueblos de Europa hacia la independencia, hacia la construcción de un nuevo Estado socialista vasco.

Esa es una de las grandes tareas, junto a la necesidad imperiosa de cerrar de una vez el doloroso capítulo del ciclo de violencia que nos ha asolado estos tantos años. Para encarar en las mejores condiciones posibles el proceso de emancipación nacional y social de nuestro país.

Resolución del conflicto. Desde Sortu y otras fuerzas se redoblan esfuerzos en aras de conseguir cerrar el ciclo armado de una manera ordenada y dialogada.

El 17 de octubre de 2011, la conferencia Internacional celebrada en Donostia-San Sebastián hizo pública una declaración, más conocida como la Declaración de Aiete.

Dicho documento, de cinco puntos, explicitaba una hoja de ruta para superar el conflicto armado y avanzar hacia la normalización política. Tres días después, el 20 de octubre, la organización armada vasca ETA decretaba el cese definitivo de su actividad armada.

Un mes después, en noviembre de 2011, el Partido Popular (PP) se hacía con la presidencia, apenas llega al poder se establece un objetivo claro: descarrilar el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria. El Estado español es incapaz de dar una respuesta en términos políticos y democráticos al proceso vasco, al igual que ocurre, salvadas las distancias, con la vía catalana.