El Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto de Colombia, Rafael Pardo, ha estado involucrado en las tareas de la búsqueda de la paz en su país desde hace 30 años.

En 1990, fue el comisionado de paz del gobierno que negoció la desmovilización, el desarme y la incorporación a la vida política legal de la guerrilla del M-19. Desde entonces ha sido ministro de Defensa y del Trabajo, senador y candidato presidencial del Partido Liberal.

Hoy, como Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, tiene la responsabilidad de instrumentar todo el componente social del Acuerdo Final de Paz que firmarán el próximo 26 de septiembre en Cartagena el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’.

En entrevista con EL TELÉGRAFO, Pardo afirma que el principal desafío del posconflicto colombiano será reducir las enormes brechas sociales entre el campo y las áreas urbanas y llevar el desarrollo a todos los rincones del país, en especial a las regiones más golpeadas por la guerra.

Y es que son precisamente estos desequilibrios y la falta de acceso a la tierra los que originaron, hace 52 años, el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Aun hoy, por cada pobre que hay en las ciudades colombianas, en el campo hay casi tres. “Con la paz -afirma Pardo- será posible equilibrar estos indicadores sociales”.

¿Qué es lo que hará usted, como encargado del posconflicto, cuando se firme la paz con las FARC?

Nuestro esfuerzo se centrará en generar las condiciones para que se den los beneficios sociales de la paz. Aquí hay muchas regiones que han sido afectadas por el conflicto históricamente, y las personas que viven ahí han tenido oportunidades de desarrollo limitadas, con relación a las que ha tenido el resto de los colombianos. La paz nos permitirá llevar el desarrollo a todos los rincones el país.

¿Y cómo se va a lograr esto?

Posconflicto es llevar el Estado a las regiones más apartadas, las que han sido escenario de la guerra, llevar escuelas, servicios de salud, vías, y posibilidades económicas, a través de proyectos productivos. Nuestra función es hacer realidad esos proyectos que salen de los acuerdos de paz.

¿El acuerdo de desarrollo agrario será el eje del programa social del posconflicto?

Los ejes serán los acuerdos de desarrollo rural y de sustitución de cultivos ilícitos. De ellos se derivan los planes de desarrollo con enfoque territorial que nosotros tenemos que implementar.

Una vez firmados los acuerdos (el 26 de septiembre) y una vez producido el desarme de las FARC (en seis meses más) empezará la participación de personas que fueron de la guerrilla en planes de desarrollo con enfoque territorial.

¿Cómo se financiará el posconflicto?

Habrá un componente de apoyo internacional (solo la Unión Europea aportará $ 650 millones) pero la implementación de los acuerdos se hará básicamente con presupuesto propio (el público de 2017 contempla $ 4.000 millones para este propósito), y esto tenemos que garantizarlo porque muchos proyectos serán muy costosos y de largo plazo.

¿Cómo cuáles?

Como el de modificación del sistema de catastro de la propiedad rural. Es uno de los problemas centrales en el sector rural, que buena parte de la tierra no tiene el registro de propiedad correcto o actualizado porque el sistema es muy anticuado, viene de la Colonia, y hay que rehacerlo en todo el país. Eso va a tomar de cinco a ocho años y vale $ 1.500 millones. El acuerdo de paz establece que hay que regularizar siete millones de hectáreas de tierra.

Y también habla del reparto de tres millones de hectáreas. ¿Ese es el otro gran desafío?

Ese es un gran desafío, pero el principal es mejorar la seguridad social de los trabajadores del campo, que es bastante inferior a la que tenemos en las ciudades. Este es un proceso que no se puede dar en un año. Hay que hacerlo en 8 o 10 años. Es lo que necesitamos para llevar los indicadores de los trabajadores del campo a los indicadores promedio del país.

La senadora Claudia López ha estimado en $ 103.000 millones los costos del posconflicto en un plazo de 15 años. ¿Tendrá Colombia esos recursos?

El enfoque que hay del posconflicto es el de reducción de las brechas campo-ciudad, y eso cuesta mucho dinero. El próximo año será fiscalmente difícil porque las regalías del carbón y el petróleo, que aportaban el 20% del presupuesto nacional, hoy están en cero por la caída del precio internacional de esos productos. Pero el financiamiento del posconflicto es prioritario.

De hecho, el presupuesto de 2017 será menor al de este año en términos reales…

A pesar de restricciones presupuestales los acuerdos de paz hay que cumplirlos y eso es una prioridad del gobierno. Pero además, estimamos que con la firma de los acuerdos y con la terminación del conflicto, la economía tendrá un dividendo: un crecimiento adicional anual de entre 1.0 y 1.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Eso está comprobado en 25 países que han firmado acuerdos de paz.

Es evidente que el posconflicto y la consolidación de la paz con las FARC serán tareas complejas y de largo plazo…  

Sí. Tenemos que construir el edificio de la paz desde los cimientos. Hay que ir a los territorios, hacer partícipes a las comunidades en estas tareas, y hay que hacer un nuevo pacto social en el país. (I)

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ACUERDOS DE PAZ

El 19 de noviembre de 2012, bajo la garantía de Noruega y Cuba, comenzaron en La Habana los trabajos de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto armado de 52 años.

Tras casi 4 años de diálogos, el 24 de agosto, ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo que será firmado simbólicamente el 26 de septiembre en Cartagena.

Después de la firma, resta un paso fundamental: el plebiscito que se efectuará el 2 de octubre. Allí los colombianos decidirán si aprueban o no lo acordado en La Habana por ambas partes.

Si gana el sí, comenzará el proceso de entrega de armas de las FARC y su tránsito hacia la vida civil. De ocurrir lo contrario, se abriría la posibilidad de retomar el conflicto.

La Organización de las Naciones Unidas tendrá un papel importante en el monitoreo y verificación de los acuerdos alcanzados sobre cese al fuego y de hostilidades. (I)