La derecha venezolana aceleró su campaña para suspender el mandato del presidente Nicolás Maduro. Una comitiva de diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y le solicitó que el organismo aborde la crisis política del país en un consejo permanente.  

Los legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), encabezados por Luis Florido, dejaron claro que no busca en la OEA “aislar más” al país con una suspensión del organismo, la que sería la última consecuencia de la aplicación de la Carta Democrática.

“No estamos aquí para activar ningún mecanismo que aísle más a Venezuela (Carta Democrática)... Pedimos que la OEA debata de manera urgente la situación de Venezuela y avanzar hacia una resolución donde se reconozca la crisis política, los presos políticos y que se permita al pueblo de Venezuela que se celebre un proceso electoral hacia la salida del presidente Nicolás Maduro”, dijo el diputado Luis Florido en una conferencia en la Universidad de Georgetown.

Lo que busca la oposición es que la OEA aborde la situación de Venezuela en un consejo permanente, con los embajadores de los 34 países miembros, y que adopte una resolución sobre la situación del país.

La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que se aplica en el caso de que se produzca una ruptura del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados miembros de la organización.

Almagro respalda referendo

El  martes, el secretario de la OEA expresó a través de su activa cuenta de Twitter su satisfacción por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país sudamericano de activar el proceso para el referendo revocatorio del mandato de Maduro. “Nuestra satisfacción por positiva decisión de CNE de Venezuela”, escribió Almagro.

En menos de un año al frente de la OEA, Almagro se ha granjeado una relación muy tensa con el Gobierno de Venezuela por denunciar irregularidades en el proceso electoral de las parlamentarias de 2015 y por pedir, recientemente, que Maduro firme la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora desde enero.

La oposición, que controla la Asamblea, actualmente recopila las firmas del 1% de los inscritos en el padrón electoral (197.978) del país para que sea luego autorizada a recolectar los cuatro millones de rúbricas requeridas para convocar el referendo revocatorio.

La opositora MUD presentó en el último mes y medio varias solicitudes, en la última de las cuales, según el CNE, “fueron cumplidos” los requerimientos para proceder con la entrega de la planilla donde deberán ser consignadas las casi 200.000 firmas.

“Ahora la energía del país se pone en marcha para lograr democráticamente lo que está en la Constitución que es tener el referendo este año y la elección de un gobierno de unidad nacional que logre que salgamos de este caos”, dijo el legislador Julio Borges.

El referendo legalmente puede ser solicitado una vez que el mandatario haya cumplido la mitad de su gobierno, lo que ya se dio el pasado 19 de abril.

La decisión del CNE se tomó un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró la posibilidad de que la Asamblea Nacional recorte el mandato del presidente de 6 a 4 años a través de una enmienda constitucional, por considerar que esa figura no tiene carácter retroactivo.

Aunque el CNE dio el primer paso en el proceso del referendo, el camino no es sencillo. Aunque la convocatoria no depende del Parlamento podría terminar en el TSJ si se impugnan las firmas o el resultado por denuncias de fraude. (I)

Datos

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela informó ayer que los apagones eléctricos provocaron una serie de protestas en la ciudad de Maracaibo, en el oeste de Venezuela.

Las autoridades indicaron que las manifestaciones se suscitaron la madrugada del miércoles, donde cientos de personas asaltaron alrededor de 50 establecimientos de ropa, alimentos y electrodomésticos.

El general Néstor Reverol declaró que  desplegaron 3.500 oficiales que hasta ayer reportaron que 121 personas fueron detenidas.

También hubo protestas en los estados de Aragua y Vargas, en el centro del país, donde se registraron calles cerradas y quema de llantas. El gobierno acusa a la derecha de incitar a las protestas.