La ONU alertó este miércoles que Costa de Marfil sigue enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad, sanidad y condiciones humanitarias pese a que Laurent Gbagbo salió del poder.

Así lo expresaron en una reunión con el Consejo de Seguridad los máximos responsables del organismo en cuestiones humanitarias y derechos humanos, así como el jefe de la Misión de la ONU en Costa de Marfil (Onuci), Choi Youn-jin, quien intervino por videoconferencia desde Abiyán.

"El 11 de abril debe recordarse como el fin de un régimen demagógico que ha querido perpetuarse en el poder por medios militares y ha causado tanto daño al pueblo de Costa de Marfil", indicó Choi, quien celebró que Gbagbo se rindiera el lunes ante las fuerzas de Alassane Ouattara, ganador de las elecciones de 2010.

Choi destacó, sin embargo, que son muchos los desafíos inmediatos y urgentes a los que se enfrenta el país y que tienen que ver "con la protección de los civiles y la reconstrucción nacional".

Además, consideró que Ouattara debe completar rápidamente la formación de su Gobierno para acabar con el vacío de poder, así como "centrarse en la reconciliación y la reconstrucción, trabajar en el sistema educativo, crear empleo, solucionar el problema de la propiedad de las tierras y acabar con la pobreza".

Aseguró asimismo que han de celebrarse "unas elecciones legislativas que marquen el fin real de la crisis postelectoral" vivida en país y prometió que las fuerzas de la Onuci harán "cuanto esté en su mano" para ayudar al nuevo Gobierno a establecer la seguridad y acabar con el vacío de poder.

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, coincidió ante los miembros del Consejo en que, "pese al arresto de Gbagbo, la situación humanitaria en Costa de Marfil sigue siendo profundamente perturbadora".

"La crisis que siguió a las elecciones y la escalada de la violencia que vimos en las últimas semanas han tenido importantes consecuencias humanitarias para los ciudadanos de Costa de Marfil y sus países vecinos", indicó Amos, quien pidió a la comunidad internacional "un gran esfuerzo en la región".

Para Amos, que recordó que los países vecinos han recibido 140.000 refugiados por este conflicto, es "urgente que las agencias humanitarias amplíen inmediatamente sus actividades en Costa de Marfil y Liberia para responder a las necesidades de la población coordinada y coherentemente".

La subsecretaria general calcula que se necesitan 300 millones de dólares para cubrir "las necesidades humanitarias de máxima prioridad" y se lamentó de que, hasta el momento, se han comprometido sólo 57 millones, "el 15 % de lo que necesitamos" para llevar "comida, cobijo y tratamientos médicos".

"En Abiyán es difícil encontrar alimentos, los precios han subido alarmantemente, así como los niveles de malnutrición en la ciudad y todo el país. Muchos hospitales no pueden operar", dijo Amos, quien se mostró preocupada también por la presencia del cólera en el país.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también participó en la reunión y pidió que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos, "si no se quiere que tengan un efecto posterior en una zona marcada por la inestabilidad".

"Se necesita una respuesta urgente para crear confianza entre la población en el Estado de derecho y la aplicación de la justicia", señaló Pillay, quien advirtió que "la reconciliación nacional no se conseguirá sin la lucha contra la impunidad que ha faltado en Costa de Marfil en la última década".

También intervino el embajador de Ouattara en la ONU, Youssoufou Bamba, quien se mostró satisfecho ante "el paso decisivo que supone para la solución del conflicto postelectoral" la detención de Gbagbo y agradeció al Consejo de Seguridad "su responsabilidad" a la hora de responder y proteger a la población civil de los ataques con armamento pesado.

Bamba indicó que Ouattara ya trabaja por restaurar el orden público y la seguridad, y destacó que a partir de hoy los corredores de seguridad estarán de nuevo operativos, al tiempo que mostró el compromiso del Gobierno de investigar los crímenes contra los derechos humanos e iniciar un proceso de reconciliación nacional.

Tras estas intervenciones, los quince miembros del Consejo se reúnen a puerta cerrada para analizar la situación de Costa de Marfil con la prioridad de "acelerar la reconciliación y la estabilización del país", según expresaron fuentes diplomáticas occidentales.