Luego de que el pasado 8 de julio el presidente del Perú, Ollanta Humala, anunció la promulgación de la nueva Ley Universitaria, el panorama académico superior del vecino país se ha sumido en la incertidumbre.

A pesar de que hace 2 años la norma había sido debatida con apoyos y críticas de por medio, la versión aprobada por el Congreso es acusada de ser poco debatida por los principales involucrados: rectores, docentes y estudiantes.

Para Daniel Mora, congresista que preside la Comisión de Educación e impulsor principal de esta enmienda, ese desconocimiento no es del todo cierto. “Hay mucha especulación sobre lo que se dice de la ley”, respondió frente a los cuestionamientos replicados por la prensa.

Si se trata de probar lo que Mora dice, hay algunos síntomas que pueden demostrar que tiene razón. Una vez publicado en el diario oficial, el estatuto ha sido desacreditado por una serie de actores educativos, quienes ven en él a un documento que atenta contra la autonomía universitaria, la independencia de cátedra y los emprendimientos académicos. “Esta es una reforma aberrante porque viola flagrantemente la constitución”, ha señalado en un comunicado la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Complementada por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), la ANR era, hasta antes de promulgada la ley, la mayor instancia de poder universitario nacional.

Ahora, una de las disposiciones a cumplir es reemplazar la ANR por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la misma que estará adscrita al Ministerio de Educación y contará con un consejo formado por 7 miembros: 2 representantes del Ejecutivo, 3 de universidades públicas y privadas, y 2 de la sociedad civil.

A su cargo, la Sunedu supervisará que en las universidades peruanas 25% de profesores trabajen a tiempo completo, que los vicerrectorados administrativos sean reemplazados por vicerrectorados de investigación, que la imagen del profesor-investigador sea fortalecida, que la educación a distancia tenga los mismos estándares que la educación presencial, entre otras acciones urgentes.

En mayor medida, las críticas apuntan a la conformación de ese comité, pues para varios rectores, de existir presencia del Ejecutivo, cualquier posibilidad de autonomía universitaria se vería mermada.

Según Zenón Depaz, exdirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el nivel de especulación sobre el tema de la autonomía mal entiende la ley. “Lo que dice la norma sobre la autonomía es lo que la antigua ley ya señalaba: la policía ingresará a las universidades por mandato judicial, por pedido del rector o por comisión de delito flagrante. Ya hemos estado viviendo una situación de ruptura de la autonomía desde hace tiempo”.

Depaz coincide en que el gran revuelo armado en las universidades ante la norma se debe a que la situación actual de la universidad en el Perú necesita cambios de estructura y no ‘cambios decorativos’.

Un reciente informe de QS World University Ranking señaló a 3 universidades peruanas dentro de las 100 más importantes en el continente. La Universidad Católica, en el puesto 23, la Universidad San Marcos, en el 52, y la Universidad Cayetano Heredia, en el 74, se distinguen de entre las más de 140 instituciones de nivel superior en Perú y de las cuales apenas 76 cuentan con permiso legal para funcionamiento.

De acuerdo a Mora, lo que esta ley busca es el fomento de la calidad educativa. Para ejemplificar esta necesidad están los casos de universidades que funcionan en garajes, en centros comerciales y el caso reciente de una universidad en Iquitos en la que el rector hace las veces de portero.

La ley resalta modificaciones en otros aspectos. En el tema docente, por ejemplo, nombra aptos para el ejercicio de profesores universitarios a profesionales que tengan como mínimo el grado de maestría. “La ley otorga un plazo de 5 años para que las universidades inviertan en formar a sus docentes para que tengan maestrías o doctorados. Luego de este tiempo, la evaluación de la Sunedu decidirá si las instituciones están o no aptas para seguir impartiendo su servicio”, indico Mora.

En el caso de los alumnos, las modificaciones contemplan la eliminación del bachillerato automático (equivalente al egreso universitario).

Para obtenerlo, en adelante, se deberá terminar por completo los estudios de pregrado, presentar un trabajo de investigación y la aprobación de un idioma extranjero. A esto, se sumará una tesis de investigación para recibir el título.

Las voces en contra no se han levantado solamente desde la academia, sino también desde el empresariado, grupo que ve como un peligro para las inversiones la aplicación de la nueva normativa. “Desde estos sectores salen las tergiversaciones de la información, se dice que se van a cerrar universidades, que se va a jubilar a maestros, que se van a cerrar escuelas, cuando todo eso es falso”, asegura Mora.

Para Gustavo Yamada, economista limeño, uno de los efectos inmediatos que tendrá la ley no se expresará en el campo académico. “Una educación de calidad implicará un mayor costo para el Estado o para los estudiantes, el aumento de pensiones en algunas universidades será la medida inmediata a tomar”, indica.

Humala ha mencionado que en un país con desarrollo económico es inadmisible la falta de avances educativos. El mandatario ve en la reforma el pago a una deuda histórica de la nación. A futuro se verá si esa deuda se reduce o, por el contrario, aumenta la desigualdad social.