El Gobierno argentino sigue acumulando contratiempos en su plan de reajuste tarifario, ya que ahora la Justicia también frenó el aumento de la tarifa de electricidad en todo el país. La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada, donde suponían que el incremento en las facturas de luz son mejor aceptado por la sociedad que el tarifazo del gas.

Una jueza de San Martín (provincia de Buenos Aires) extendió a todo el país la suspensión del aumento de las tarifas de electricidad que ya había resuelto a favor de clubes de barrio y de un hospital privado. Por lo tanto, el derrotero del tarifazo eléctrico seguirá el mismo camino judicial que el del gas.

Se trata de la jueza Martina Isabel Forns, quien dirigió su fallo directamente hacia la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y le ordenó “que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública”. En el mismo sentido, exigió al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) que notifique a todas las distribuidoras eléctricas para que detengan el cobro de las facturas emitidas con los nuevos valores y tomen los pagos realizados hasta ahora a cuenta de las próximas boletas.

El Gobierno apelará en los próximos días la decisión de Forns. Sin embargo, como el bloqueo judicial es similar al del tarifazo del gas, todo hace suponer que la suspensión del aumento de la electricidad se mantendrá firme hasta que el caso llegue a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Y, tal vez, también hasta la Corte Suprema.

Hasta ahora sólo es bloqueado por la Justicia el desmesurado aumento del gas, con incrementos de hasta 2000%. La judicialización del tarifazo obligó al Gobierno a poner un techo de 400% para los aumentos. Sin embargo, el fallo que frenó ese aumento continúa vigente, en manos de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Se espera una respuesta inminente de los camaristas mientras la Corte Suprema no se pronuncie.

Con respecto al tarifazo eléctrico, había varios fallos en determinados distritos frenándolo. Pero ahora la medida se extendió a todo el país. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la entidad de Consumidores Argentinos impulsó el fallo y solicitó una cautelar a nivel nacional.

La jueza Forns dijo que “la modificación de la tarifa requiere de una audiencia pública para la defensa de los usuarios, junto con la intervención del Defensor del Pueblo”. Pero al malestar del Gobierno por el bloqueo judicial, se le sumaron las declaraciones de su aliada Elisa “Lilita” Carrió. "Le daría un consejo a mí Gobierno como abogada y especialista en derecho constitucional: hay que anular los aumentos de las tarifas, llamar audiencias y fijar los aumentos en forma retroactiva. Es lo que marca la ley y esto se debe cumplir", remarcó la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI.

Cambio de hábitos

Según un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires, casi ocho de cada diez trabajadores recortaron sus gastos para poder afrontar el tarifazo. Los aumentos de los servicios públicos obligaron también a cambiar los hábitos de consumo. Por ejemplo dos de cada diez argentinos dejaron de consumir carne y otros optaron por comprar cortes de menor calidad.

Los datos pertenecen a una encuesta del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (CEPA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Según el sondeo el 81% de las personas que ganan menos de 8000 pesos tuvo que recortar gastos para pagar las tarifas. El porcentaje apenas baja al 17% entre los que ganan un poco más. (I)