La justicia británica decidirá el 13 de febrero si es de interés público mantener la orden de detención de Julian Assange, se supo en la audiencia judicial celebrada este lunes en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot, que este martes decidió que la orden de detención seguía siendo válida desde un punto de vista legal, se pronunciará ahora sobre su utilidad pública a petición de los abogados de Assange, que lleva ya más de cinco años recluido en la embajada de Ecuador, y Suecia ya no lo reclama como sospechoso de unos delitos sexuales.

"No estoy convencida de que haya que retirar la orden", dijo este martes Arbuthnot descartando hacerlo por razones estrictamente legales, aplazando así la posibilidad de que el fundador de Wikileaks pudiera salir libremente a la calle.

Assange buscó refugio en la embajada huyendo de una orden de arresto europea porque Suecia le reclamaba como sospechoso de unos delitos sexuales.

La justicia sueca abandonó la investigación, pero la policía británica quiere aún detenerlo por haber vulnerado los términos de su libertad condicional.

Assange teme dejar la embajada, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de este país.

El lunes se abrió una puerta al caso del fundador de Wikileaks cuando la Alta Corte de justicia bloqueó la extradición a Estados Unidos del presunto hacker Lauri Love, que le reclamaba por haber penetrado en los sistemas informáticos de la NASA y el Pentágono, entre otras organizaciones.

En una audiencia la semana pasada, el abogado del fundador de Wikileaks, Mark Summers, sostuvo que la orden de detención "perdió su propósito y función" después de que la justicia sueca abandonase su investigación.

Summers estimó que Assange, de 46 años, ha estado viviendo en condiciones "similares al encarcelamiento" y que su "salud psicológica se ha deteriorado" y "está en peligro". Sin embargo, el fiscal Aaron Watkins consideró "absurda" la demanda.

Un huésped incómodo para Ecuador 

El año pasado, el fiscal general (ministro de Justicia) estadounidense, Jeff Sessions, dijo que la detención del fundador de Wikileaks era "una prioridad".

La demanda de Assange se produce poco después de que Ecuador le diera la ciudadanía y estatus diplomático, con la idea de que la inmunidad le permitiera salir de la legación.

El Reino Unido dijo que tal paso no cambiaba la situación. "Ecuador sabe que la única manera de resolver este asunto es que Assange abandone la embajada para enfrentar a la justicia", dijo entonces un portavoz del ministerio de Exteriores briánico.

La situación de Assange se ha convertido "en una piedra en el zapato" de Ecuador, según admitió su presidente Lenín Moreno, que heredó el problema de su antecesor y ahora enemigo Rafael Correa y que ha hecho gestiones buscando una solución.

En varias ocasiones, el gobierno de Quito le ha reprochado a su huésped que se involucrara en los asuntos de terceros países, como las elecciones estadounidenses de 2017 -en las que Wikileaks difundió mensajes comprometedores de la campaña de la candidata Hillary Clinton- o en la reciente crisis política en Cataluña, donde se posicionó a favor de los independentistas.

Assange apenas sale al balcón de la embajada, su único reducto de aire fresco, esgrimiendo razones de seguridad, y sus apariciones públicas se limitan a las videoconferencias que a veces ofrece.

La legación está en el lujoso barrio de Knightsbridge, puerta a puerta con la colombiana, muy cerca de los grandes almacenes Harrods, y Assange suele recibir visitas.

"Nuestra opinión profesional es que su confinamiento continuo es peligroso física y mentalmente para él", dijeron a The Guardian dos médicos que lo visitaron y examinaron a conciencia en octubre.

"Nuestra evaluación revela que no ha tenido acceso a la luz solar, a ventilación adecuada o a un espacio exterior durante más de cinco años y medio", agregaron los médicos.

Todo esto "ha tenido un costo físico y psicológico considerable", agregaron, reclamando un salvoconducto para que pueda ir a un hospital. (I)