Un clima enrarecido se apodera de Argentina. Primero hubo amenazas contra el presidente Mauricio Macri y la vicemandataria, Gabriela Michetti. Luego le tocó el turno a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. El último capítulo de esta saga lo vivió la jueza que frenó el “tarifazo” en las facturas eléctricas: una granada de guerra fue hallada en un contenedor de basura a varios metros de su vivienda en el barrio porteño de Chacarita.

“Solo pido y exijo una investigación”, dijo la magistrada del distrito de San Martín, en la periferia oeste de Buenos Aires, Martina Forns, quien además denunció intimidaciones por medios oficialistas que la acusaron de ser “kirchnerista” por frenar las alzas de hasta un 400% de las tarifas de luz.

Forns contó que una persona dejó la granada frente a su domicilio y que al marcharse gritó que había una bomba. Fuentes policiales citadas por el diario Clarín explicaron que el explosivo, escondido en una caja de cartón, no estaba en condiciones de estallar. Pero la jueza dijo lo contrario. “Tenía capacidad de explosión y bastante alcance”.

La jueza contó que desde que dictó el fallo, en julio, que frenó el alza de las tarifas eléctricas dispuesto por el Gobierno, sufre ataques de un sector de la prensa al que tildó de oficialista.

“Hay periodistas agresivos que me acusan de kirchnerista” a raíz de la resolución judicial, apuntó. Sin embargo, ella no fue la única que falló contra el “tarifazo”. También lo hizo la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires.

La granada apareció frente a la casa de la jueza un día después de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la mencionó durante una exposición en el Congreso de la Nación para explicar el “tarifazo”. “Aranguren me nombró en el Congreso”, dijo la magistrada al responsabilizar al funcionario por la intimidación sufrida. “Me ha nombrado en el Congreso y no a la Cámara (La Plata). Esto indica que viene direccionado hacia alguien -la amenaza-”.

Sobre su fallo, que causó alivio en los sectores más golpeados por la crisis, Forns dijo: “me recusaron y me amordazaron. La única causa fue que hablé con los medios. Mi fallo no les gustó y lo lamento”. Y siguió: “no tengo miedo de mi integridad, poseo mucha gente que me apoya”. La Policía libró un acta por “intimidación pública”.

La amenaza contra la jueza Forns no es la primera que trasciende en el país austral en las últimas semanas. El propio presidente Macri fue amenazado por un expolicía que ya fue detenido.

Este miércoles la Policía atrapó a otro hombre, al parecer con problemas psiquiátricos, que amenazó al mandatario con “hacerlo volar por el aire”.

Incluso, en los últimos días se profundizó la seguridad. Desde ahora se trasladará en una camioneta blindada después de que -denunció el Gobierno- el vehículo en que viajaba en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, fue apedreado el último fin de semana por presuntos militantes kirchneristas.

Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti también denunció amenazas registradas en el contestador automático de su hogar: “Vos también cómprate un auto blindado porque te vamos a hacer volar por el aire hija de puta”.

Días antes, la exmandataria Cristina Fernández afirmó que también en su domicilio en Buenos Aires, que alterna con su vivienda familiar en la ciudad patagónica de Calafate, recibió amenazas.

La denuncia mencionó notas manuscritas, papeles, intimidaciones verbales y anotaciones de contenido hostil que aparecieron en el inmueble que ocupa en el barrio la Recoleta, uno de los más tradicionales de la capital. (I)

DATOS

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó el aumento de la tarifa de gas y ordenó que el marco tarifario correspondiente al servicio se retrotrajera a las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de esas medidas.

En el dictamen la funcionaria consideró que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.

El dictamen está publicado en la página web fiscales.gob.ar y señala: “si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos vinculados a la accesibilidad al gas”. (I)