El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sancionó la víspera de fin de año una ley de amnistía, la primera que se deriva de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que beneficiará a 14.000 combatientes y milicianos de esa guerrilla que hayan cometido delitos políticos como sedición y rebelión.

La ley, que entró en vigor el 31 de diciembre, también librará de la persecución penal a agentes del Estado (militares, policías y funcionarios públicos) que tengan cargos por delitos menores perpetrados en el marco del conflicto armado interno.

Ni los guerrilleros ni los agentes del Estado investigados por crímenes de lesa humanidad podrán acceder a los beneficios de la nueva legislación, la cual fue aprobada el 28 de diciembre por el Congreso.

En esos casos, los acusados esperarán que el Congreso apruebe la ley que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional que se encargará de juzgar y sancionar con penas alternativas a los jefes de las FARC que hayan cometido delitos graves. En el tribunal también podrán comparecer los militares, policías y civiles acusados de crímenes de guerra.

Mientras tanto, la ley de amnistía sancionada el viernes por el presidente Santos permitirá que la mayoría de guerrilleros de las FARC goce con plenitud sus derechos ciudadanos cuando se incorpore a la vida civil. Esto, porque quedarán anulados los procesos judiciales, las órdenes de aprehensión, las investigaciones y las sentencias que hubiera en su contra por el hecho de alzarse en armas.

El asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, abogado español especialista en derecho internacional humanitario, explicó que esa guerrilla proporcionará en los próximos días al gobierno una lista de los miembros amnistiables para que las autoridades judiciales y diferentes ministerios evalúen caso por caso.

Además, las FARC ya entregaron un listado con los guerrilleros que están presos por delitos políticos -unos 3.000- y se espera que estos sean de los primeros en beneficiarse de la ley de amnistía, recobrar su libertad y marchar hacia las 26 zonas veredales donde se concentrarán las tropas de ese grupo insurgente para entregar las armas e iniciar su incorporación a la vida civil.

Santiago explicó que no será fácil el proceso de liberación de presos de las FARC porque muchos guerrilleros están acusados de delitos distintos al de rebelión, “lo que se abstrae a la realidad de que en Colombia había un conflicto armado y una insurgencia en armas”.

Esto, dijo, es algo que dilatará el procedimiento para amnistiar a todos los guerrilleros del grupo que están presos.

Atrasos

Precisamente el sábado se cumplió el día D+30 de la implementación de los acuerdos de paz y, según lo pactado, las tropas de las FARC ya deberían estar concentradas en las 26 zonas veredales donde se verificará el cese del fuego y la entrega de armas.

Pero esto no ha sido así porque el gobierno no ha terminado de adecuar esas zonas con la infraestructura básica que requieren, como luz, agua potable, caminos y construcción de inmuebles de acopio.

El argumento del gobierno es que la normatividad de funcionamiento del aparato estatal ha dilatado el proceso de compra de materiales, lo que ha hecho que las FARC se encuentren pre-agrupadas en lugares próximos a esas zonas -que finalmente serán 26 y no las 27 anunciadas hasta principios de esta semana-, en espera de que concluya su adecuación.

En un comunicado conjunto, las FARC y el gobierno señalaron que el sábado pasado llegaron a 9 zonas veredales nuevos grupos de trabajadores civiles a los que se sumarán las comisiones de construcción de la guerrilla.

Antes del 10 de enero continuará la adecuación de otros 16 puntos y quedará pendiente la zona de Caño Indio, en el nororiental municipio de Tibú. “De forma gradual, el gobierno y las FARC habilitarán la totalidad de las zonas y puntos para el traslado de los guerrilleros y guerrilleras. Entretanto y mientras se adelantan las labores de construcción de los campamentos, continuarán en los Puntos de Pre-agrupamiento Temporal (PPT) cercanos a las zonas, de acuerdo a los protocolos establecidos en el Acuerdo Final”, señaló el comunicado.

Las unidades guerrilleras que aún están distantes de las zonas veredales continuarán su acercamiento a esos puntos con el acompañamiento de los  integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), una instancia tripartita -del gobierno, las FARC y  de las Naciones Unidas- que supervisa el proceso de concentración y resuelve las controversias de última hora.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación divulgó el jueves pasado un comunicado en el que desmintió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien había dicho que en una de las zonas de pre-agrupamiento de las FARC en ese departamento había menores de edad y prostitución.

“No existe ningún indicio de hechos de esa naturaleza, ni se evidencian actos que constituyan violaciones a los derechos fundamentales de la población civil, conforme a informaciones recolectadas de las autoridades locales, de la población del lugar, y de las FARC”, señaló el comunicado.

Una vez que las tropas de esa guerrilla estén concentradas en los 26 puntos acordados, el MM&V verificará el cese del fuego bilateral y definitivo y los insurgentes entregarán su armamento a funcionarios de las Naciones Unidas.

Las 26 zonas donde se ubicarán las tropas guerrilleras funcionarán por un plazo máximo de seis meses. La entrega de armas deberá concluir el 30 de abril próximo, con lo cual ese grupo podrá transformarse en un partido político legal y comenzar a actuar en el marco de la institucionalidad colombiana. (I)

DATOS

2016 pasará a la historia de Colombia como el año en que por fin se firmó un acuerdo de paz con las FARC, lo que representa la luz al final del túnel para terminar con un conflicto armado que empezó en 1964 con el surgimiento de los grupos guerrilleros. El pacto de paz, sin embargo, ha sorteado dificultades, al punto de que el primer acuerdo quedó sin efecto y el segundo apenas se implementa, por lo que 2017 será clave para la consolidación del proceso.

Las FARC se comprometieron a poner fin a la política con armas, para lo cual en los próximos seis meses se concentrarán para entregarlas en 26 zonas en el país, bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

Entre febrero y marzo se espera que 1.200 miembros de la fuerza pública que hayan pagado cinco años de prisión obtengan libertad provisional.  

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La ONU anuncia sanciones

Polémica por baile entre guerrilleros y observadores

La misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia deploró que algunos de sus miembros bailaran con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como se ve en un video de una zona de preagrupamiento de rebeldes en el marco del acuerdo de paz.

“Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. La ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan”, indicó el organismo en un comunicado.

Varios medios de comunicación locales publicaron el domingo un video en el que se observa a integrantes de la misión de las Naciones Unidas en el país bailando con guerrilleros de las FARC durante el festejo de fin de año, en un punto temporal de preagrupamiento en el departamento de la Guajira (en el norte).

Los integrantes del organismo, a los que se identifica en las imágenes por sus chalecos azules, son los encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y hostilidades bilateral, vigente desde agosto y sellado en el pacto que busca superar medio siglo de conflicto armado. También verificarán la dejación de las armas por parte de la guerrilla.

Para estas labores, la Secretaría General solicitó al Consejo de Seguridad el despliegue de 450 observadores internacionales, de los que 280 ya llegaron al país. Los miembros de la ONU forman parte de una misión tripartita en la que también participan delegados del gobierno y las FARC. La representante a la Cámara por el partido opositor Centro Democrático, Margarita Restrepo, considera que es una vergüenza internacional este comportamiento y se pregunta si hay garantías de verificación. (I)