Creada por la jurisprudencia mundial para preservar la memoria histórica de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, la noción de crímenes de lesa humanidad no debe aplicarse a los delitos cometidos por los Montoneros, en el ejercicio de la lucha armada durante la dictadura militar (1976-1983), viene de confirmar hace una semana y media la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.

Coincidentemente, meses antes y pocos días más tarde, dos jueces de primera instancia de Buenos Aires han pronunciado otros dos dictámenes de similar naturaleza para con sonadas operaciones urbanas de los Montoneros en el período previo al golpe de las Fuerzas Armadas del 24 de marzo de 1976, cuando gobernaba constitucionalmente el matrimonio Perón (1973-1976): el secuestro contra pago de rescate de un directivo de la multinacional Mercedes Benz y el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci. 

Es prácticamente “cosa juzgada” en los tribunales nacionales que la manifestación político-militar de “la tendencia revolucionaria del peronismo” no llevó a cabo un ataque masivo y sistemático contra la población civil en los años 70, sobre la base de un patrón represivo, como exigen los principios reconocidos por Naciones Unidas para imputar que un Estado o un grupo no estatal haya perpetrado esas infracciones imprescriptibles. Los hechos violentos de los cuales pueden responsabilizarse a los Montoneros, por tanto han prescripto, y a quienes sufrieron las sangrientas consecuencias, familiares y allegados, hoy solo los asiste el derecho a la verdad, sin efectos penales.

Al propio tiempo, el artículo que acaba de publicar el diario El País de España el 29 de julio de 2012 sobre los vínculos internacionales de ETA, confirma mi investigación periodística, que se reproduce a continuación, sobre el contenido de los archivos de la Policía Federal Suiza, en el sentido  de  que los Montoneros no tuvieron relaciones con organizaciones o dirigentes a los que se les endilgan prácticas terroristas. Adicionalmente podría sumarse la condena pública de los Montoneros a la única operación con apariencias de guerrilla urbana realizada por argentinos fuera del país en aquellos años, que constituyó el secuestro en París del jefe de la FIAT en Francia, Luchino Revelli-Beaumont, el 14 de abril de 1977, cuyo móvil, se estableció, fue de origen crapuloso.

La desclasificación helvética

Cada quien debe peticionar a título personal ante las autoridades federales suizas para acceder a los tesoros de documentación en las bóvedas climatizadas de los subsuelos de los palacios gubernamentales en Berna. Los documentos puestos a disposición del derecho individual de un periodista para consultar y publicar basándose en lo abrevado en fuentes confidenciales oficiales pasaron, en esta ocasión, por el cedazo de una comisión investigadora bicameral. Se los examinó para ver si estaban pringados por las autodenominadas P 26 y P 27, una estructura paramilitar bicéfala, equivalente en Suiza a la famosa Red Gladio de Italia, concebida tras la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia a Hungría en 1956.

Estimando inevitable un ataque soviético a Europa Occidental, se desplegaron entonces en las cloacas de algunos organismos legales de seguridad de los países integrantes de la OTAN y sus aliados unos dispositivos ultraclandestinos que actuaban con métodos no convencionales, financiados mediante fondos reservados desviados a tal efecto, capaces de resistir y sabotear una eventual invasión de las tropas de Moscú y sus satélites.

Las P-26 y P-27 de Suiza contaban con 400 oficiales que paralelamente revistaban en puestos diversos de las instituciones políticas y de defensa oficiales, y 2.000 soldados: tenían jefatura, tecnología, material militar sofisticado, logística e instalaciones autónomas del Ejército y de las cámaras legislativas locales, almacenando reservas de divisas convertidas en lingotes de oro. Intercambiaban información en los suburbios de la Alianza Atlántica, y se ocupaban también de controlar al “enemigo interno”, es decir a sus compatriotas y/o extranjeros residentes que pudieran alentar la «subversión», susceptible de favorecer la anunciada agresión externa.

Las P-26 y P-27 fueron disueltas a fines del siglo pasado, sus bienes y armamento confiscados y el “tesoro de guerra” donado a la Cruz Roja. Sus bancos de datos pasaron bajo la lupa del Ministerio suizo de Justicia y Policía para ver si contaminaron los cuerpos de seguridad del Estado. Las cajas y carpetas de cuyas entrañas surge el expediente consagrado a los Montoneros, salieron indemnes del examen. El centenar de folios traslucen el afán por verificar la hipótesis terrorista en los episodios protagonizados por los rebeldes argentinos en el extranjero, un cometido probablemente justificado por razones preventivas que, sin embargo, resultó infructuoso.