En plena implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un nuevo asesinato de un líder social, el de Guillermo Veldaño, militante del movimiento Marcha Patriótica, confirmó que el país vive un resurgimiento de la guerra sucia contra dirigentes izquierdistas.

Veldaño fue victimado con seis disparos, el lunes pasado al mediodía, por dos sicarios que se movilizaban en una moto en una vereda de Puerto Asís, en el sureño departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador. Y no es un caso aislado.

Con ese hecho suman 77 los asesinatos de líderes sociales en Colombia entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, cifra mayor en 22% a la registrada en 2015 y 40% más alta que la de 2014.

El repunte de homicidios de activistas comunitarios, defensores de derechos humanos y dirigentes izquierdistas recuerda el exterminio de la Unión Patriótica en las décadas del 80 y 90, cuando paramilitares, pistoleros de terratenientes y miembros de las fuerzas militares y la Policía asesinaron a 3.186 militantes del partido político de izquierda surgido en 1986 de un fallido proceso de paz con las FARC.

Noviembre pasado fue especialmente violento para la izquierda colombiana. Solo en dos días, el 18 y el 19 de ese mes, mientras el gobierno y las FARC ultimaban los detalles de la ceremonia en que sería firmado el nuevo acuerdo de paz entre las partes, tres líderes sociales fueron asesinados y otros tres sufrieron atentados en el sur del país.

El movimiento social y campesino Marcha Patriótica, al que pertenecían cinco de ellos, identificó como “paramilitares” a los presuntos responsables de los homicidios y de los ataques armados.

En lo que va del año, 20 dirigentes del movimiento, que coordina la exsenadora Piedad Córdoba, fueron asesinados, 16 de ellos por paramilitares que, según organizaciones de derechos humanos, están al servicio de latifundistas, ganaderos, empresarios depredadores del medioambiente y caciques políticos regionales.

“Estos son asesinatos políticos. Son una respuesta de la extrema derecha a los acuerdos de paz y también revelan una disputa del crimen organizado por los territorios que están dejando las FARC”, dice a EL TELÉGRAFO el vocero de la ONG Somos Defensores, Carlos Guevara.

El activista humanitario agrega que “lo peor, es que esta situación no se va a parar de la noche a la mañana porque el gobierno ha tenido una lenta respuesta frente a estos homicidios selectivos y porque los mecanismos de protección a dirigentes sociales que están previstos en los acuerdos de paz no se aplican todavía; más muertes pueden venir”.

Rebrote paramilitar

En el acuerdo de paz con las FARC, que fue firmado el 24 de noviembre y que el Congreso refrendó seis días después, el Gobierno colombiano se comprometió a actuar contra “las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Agrega el acuerdo, el gobierno “asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática”.

Para ello, el gobierno y las FARC crearon una comisión cuya labor prioritaria será proteger, mediante esquemas de seguridad, a los dirigentes sociales amenazados o bajo riesgo. Pero los mecanismos de protección aún están por determinarse. “La respuesta del Estado ha sido lenta y, hasta ahora, no se aplican los esquemas de protección”, señala Carlos Guevara.

Para el vocero de Somos Defensores, el asesinato de líderes comunitarios se puede convertir “en el talón de Aquiles” del proceso de paz con las FARC, porque la intención de los actores armados que están ejecutando estos crímenes es “callar e intimidar a dirigentes que exigen derechos relacionados con la implementación de los acuerdos” con la guerrilla.

Los autores de estos homicidios, señala Guevara, son los remanentes de los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada -uno de ellos es el denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tiene presencia en gran parte del país- y “gente con mucho poder en los territorios”.

Se tratan, dice, de grupos con intereses políticos, económicos y criminales que temen perder poder en las regiones con los acuerdos de paz o que se disputan rentas delincuenciales -como producción de coca, extorsiones y minería ilegal- que quedaron sin control con la salida de las FARC de los territorios que fueron escenarios con el conflicto armado con esa guerrilla.

Desde el 1 de este mes las tropas del grupo insurgente comenzaron su desplazamiento a 27 puntos del país donde iniciarán el desarme y su incorporación a la vida civil.

Pero desde hace tres meses los guerrilleros abandonaron la mayoría de sus campamentos y estaban pre-agrupados en zonas intermedias, en espera de la renegociación del acuerdo que fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre. (I)

-----------------------------

La extrema derecha aviva la guerra, según activistas

Los grupos armados intentan llenar el vacío de poder que dejan las guerrillas

Foto: AFP

Además de la ultraderecha tradicional que se opone a la paz, hay grupos armados que intentan llenar los vacíos de poder que se produjeron en regiones de Colombia azotadas hace décadas por el conflicto, señala el activista Carlos Guevara (foto).

Entre estos, dice, figuran las narco-paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras, disidencias de las propias FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana.

Organizaciones defensoras de derechos humanos del suroccidental departamento del Cauca denunciaron el miércoles la aparición de panfletos firmados por las Águilas Negras con amenazas de muerte a líderes sociales.

En un escrito aseguran que ya han efectuado algunos asesinatos selectivos para “limpiar la sociedad”. Andrés Posú, uno de los amenazados, dice que las autoridades no aplicaron medidas de protección.

En la norteña Barranquilla también han circulado panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los que se amenaza a líderes sociales, estudiantes, periodistas, activistas y dirigentes de organizaciones de víctimas del conflicto.

“La autoría de estos asesinatos y amenazas contra dirigentes de izquierda tiene nombre. Es la extrema derecha, que no quiere la paz”, asegura la presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, una sobreviviente del exterminio al que fue sometida esa organización política.

Para Avella, quien en 1996 fue atacada en Bogotá por paramilitares con un rocket que casi da en el blanco, lo que está en marcha en Colombia es “un plan general de estas fuerzas de ultraderecha para impedir la paz: esa es su apuesta desesperada”.

La presidenta de la UP sostiene que aunque los autores materiales de estos homicidios son sicarios del paramilitarismo, los autores intelectuales son quienes están a favor de la guerra. (I)