Los gobiernos de México, El Salvador y Guatemala saludaron la aprobación del Senado de Estados Unidos de la reforma migratoria que abre la vía para legalizar a 11,5 millones de indocumentados. Sin embargo, el proyecto ahora afronta un rumbo incierto ya que los republicanos anticiparon que en la Cámara de Representantes presentarán su propio plan.

No obstante, el plan reformista, titulado “Acta para la Seguridad Fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración (S744)”, elaborado por el Grupo de los 8, cambia principalmente el sistema de inmigración a Estados Unidos, que pasaría a estar dominado por las necesidades laborales del país, en lugar de la reunificación familiar.

En la actualidad, el sistema destina 480.000 visas en cuatro categorías familiares. Bajo el nuevo sistema, solo habría dos categorías, que incluirán a hijos adultos solteros e hijos casados que pueden solicitar la visa antes de cumplir 31 años. Elimina las visas para hermanos de ciudadanos estadounidenses 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma. Además suprime la “lotería de visas” para la diversidad poblacional, aunque los individuos seleccionados para los años fiscales 2013 y 2014 podrán recibirlas.

El nuevo sistema de inmigración incrementaría 40% las visas para trabajadores cualificados (como ingenieros o médicos) y también para los licenciados extranjeros que obtengan una oferta de trabajo cuando acaben sus estudios universitarios en Estados Unidos.

Se eliminaría el límite de 5.000 visas anuales para los trabajadores no cualificados y se crearía una nueva categoría para trabajadores no cualificados no agrícolas, aunque con un límite y tres años renovables,  sin derecho a traer esposas ni hijos.

Aumenta de 65.000 a 110.000 el número de visas temporales “H-1B” para extranjeros con altas destrezas laborales, aunque en el futuro el límite aumentaría a 180.000, dependiendo de factores del mercado laboral en Estados Unidos. La reforma exige que  los empleadores utilicen el programa federal de “E-Verify”, que permite verificar el estatus migratorio de los trabajadores,  en un plazo de cinco años.

Tres vías de legalización

Para ser legalizados los indocumentados primero obtendrán un permiso temporal renovable de seis años, si demuestran que entraron antes del 31 de diciembre de 2011 y que han mantenido una presencia física continuada en el país. Ese permiso les permitirá trabajar en cualquier empresa y viajar fuera de  EE.UU.  Para obtener ese estatus provisional renovable tendrán que pagar 500 dólares, estar al día con el pago de impuestos y pagar otra multa similar para renovarlo.  

Los jóvenes que entraron en el país con menos de 16 años (conocidos como dreamers, soñadores) quedan exentos de esa multa y podrán obtener la ciudadanía estadounidense si realizan servicios militares. También podrán solicitar un ajuste migratorio los indocumentados que fueron deportados por causas no penales antes del 31 de diciembre de 2011 o los que están en proceso de deportación, si son cónyuges o padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente.

Para ganarse la residencia permanente en un plazo de diez años, los indocumentados tendrán que pagar una multa de $ 1.000 y otras tarifas aún no precisadas, estar al día con sus impuestos, demostrar que han trabajo con regularidad y tener conocimiento del inglés.  

Están excluidos del programa de legalización quienes hayan sido condenados por delitos graves o por una infracción en el exterior. También aquellos que hayan votado ilegalmente o cometido faltas de orden criminal, de seguridad nacional, salud pública o de carácter moral.

LA SEGURIDAD FRONTERIZA SE REFORZARÁ

El proyecto dispone el despliegue de 20.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza con México, que se añadirán a los 18.400 ya existentes, lo que supondrá la presencia de un agente por cada 300 metros a un costo estimado de $ 30.000 millones en una década.

El texto estipula igualmente que se debe completar y reforzar la actual valla, que fue aprobada en 2006 y ya cuenta con cerca de 1.000 km, a un total de 1.120 km, es decir  un tercio de la frontera  de 3.100 km que separa EE.UU. de México.

El proyecto contempla además la construcción de 86 torres de vigilancia, 286 cámaras fijas, 232 sistemas de vigilancia móviles, 4.595 nuevos sensores, cuatro aviones no tripulados (drones), más de 27 nuevos helicópteros, 30 navíos, a un costo de $4.500 millones, según detalló la oficina del legislador republicano Marco Rubio.

Para pasar a la etapa de legalización de los indocumentados el Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe certificar ante el Congreso que ese despliegue humano y tecnológico permite capturar o disuadir al 90% de los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente.

El Centro Pew Hispano calculó que en 2000 un millón de personas ingresaron en EE.UU. ilegalmente, mientras que una década después ese número disminuyó a solo unas 300.000 personas debido a los controles. (AFP)