Fortalecer la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana, la integración binacional, la cooperación mutua de las entidades gubernamentales para el bienestar de ecuatorianos y colombianos -y de los refugiados en este país- y combatir la delincuencia, han sido algunos de los temas abordados en los encuentros binacionales entre los presidentes Rafael Correa y Juan Manuel Santos, de Ecuador y Colombia, respectivamente.

El gobernador de Carchi, Diego Landázuri, menciona que hay una falsa percepción de que la frontera norte es una ‘zona roja’. Para él, este membrete “es ciento por ciento injusto”, ya que las estadísticas -afirma- muestran otra cosa. “Carchi está por debajo del promedio nacional de 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes”.

En ambos países, la firma del acuerdo de paz ha creado expectativa, sobre todo por el flujo migratorio de extranjeros que podría originarse y, sobre todo, las posibilidades de desarrollo económico en la frontera.

El analista Fredy Quinde dice que hay que entender lo que busca la guerrilla de las FARC dentro de la política transnacional que durará varios años. “Algo que, de cierta manera, afectaría directa o indirectamente a la política ecuatoriana”.

“La gente de la frontera debería abrir los ojos para ver qué oportunidades se generan dentro de la política que se desarrollará en beneficio de aquellos que se desmovilicen con la firma de los acuerdos”.

Para Luis Almeida, también analista, hay que estudiar a profundidad el tema. “El conflicto armado trajo demasiada movilidad colombiana hacia Ecuador. Los acuerdos bilaterales obligarán a los dos gobiernos a analizar cuáles son los recursos con que cuentan para dar facilidades a las personas que se desmovilicen, otorgarles fuentes de empleo e implantar la seguridad en la frontera”.

Enfatiza que “asignar los recursos económicos necesarios permitiría que los desmovilizados recuperen sus derechos y tengan facilidad de vincularse a lo económico, político y social”.

Al gobernador provincial le preocupa lo que podría suceder en las zonas donde no hay presencia del Estado colombiano en salud, educación, electricidad, vías, seguridad y otros servicios. “A simple vista hay plantaciones ilícitas y la influencia es directa y negativa”.

En el poblado de  Tallambí, frente a la parroquia ecuatoriana de Chical, al noroccidente de Carchi, según Nilo Ortiz, presidente del gobierno parroquial, existen extensiones de cultivos ilegales de coca, de los cuales una pequeña cantidad es utilizada para el procesamiento de drogas; se desconoce hacia dónde son enviadas.

Landázuri añade que la Policía y el Ejército tienen planes contingentes para mejorar la seguridad y presencia del Estado ecuatoriano en aquellos sitios cercanos a poblados colombianos. (I)

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La zona norte concentra peticiones

La Oficina de Refugio en Tulcán recibe al mes 100 solicitudes de acogida de colombianos

En la Zona 1, que comprende Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, es donde más se albergan personas refugiadas (46%). En la segunda provincia se han recibido 1.486 solicitudes de refugio y existen 5.219 refugiados residentes. A nivel zonal hay 36.560 solicitantes y refugiados. La mayoría labora en ventas ambulantes y servicio doméstico. Son jornaleros, entre otros oficios.

Hernán Guerrero, supervisor de la Oficina de Refugio en Tulcán de la Cancillería Zona 1, dice que los instrumentos que se aplican a los solicitantes varían dependiendo la situación. “En algunos casos se aplica la Convención de Ginebra, en otros la Declaración de Cartagena”.

Según Guerrero, en Tulcán se maneja un promedio de 100 casos por mes, con una media de 15 por semana; la mayor parte de solicitantes proviene de Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, norte de Santander. En los últimos meses también han llegado venezolanos. “En su mayoría, se desplazan por sectores urbanos, antes lo hacían por los rurales, si eran perseguidos por las FARC. Hoy en día, los desplazados experimentan violencia ejercida por bandas criminales, paramilitares y organizaciones delincuenciales urbanas”.

El funcionario puntualiza que en 3 o 4 años se verán los efectos de los acuerdos en temas sociales, económicos, bilaterales y otros, debido a que en algunas zonas de Nariño y Putumayo el conflicto era lo que daba de comer a muchas familias. “Es gente que está preocupada de cómo va a sobrevivir, incluso se veían amparados por las FARC...”.