Suman 6 las semanas de crisis total que atraviesa la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en el Perú. A inicios del pasado febrero una denuncia producida por supuestos “reglajes” o seguimientos que agentes de esta dependencia realizaban a reconocidos políticos de la oposición desató una amplia crítica sobre la forma en que actúa este cuerpo de inteligencia nacional y de los fines reales que persigue.

En el tramo más difícil de este trance, el presidente del país, Ollanta Humala, ordenó el cierre inmediato de las oficinas de la DINI y su reestructuración total en un lapso de 180 días. Se creía que la medida sería suficiente para superar los cuestionamientos y echar a andar nuevamente las actividades de investigación.

Hoy se sabe que no es así. Las denuncias sobre prácticas poco claras de varios agentes de la Dirección no cesan de aparecer, y ponen en duda la posibilidad de que los seis meses de cierre dictaminados por Humala sirvan realmente para aclarar todos los temas pendientes.

Apenas la semana pasada se supo que varios agentes de la DINI tenían como función el rastreo diario de los bienes inmuebles y vehículos de propiedad de periodistas, después de que estos últimos publicaran reportajes de investigación referentes a temas en los que actúa el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas.

La lista de nombres es larga y, al parecer, tuvo como utilidad “escudriñar” a cada uno de los denunciantes buscando algún punto débil por donde abordarlos.

Pero eso no era todo. Movilizada la atención sobre esta nueva acusación se descubrió que en total se habían realizado unos 100 mil rastreos entre los que se encuentran nombres de políticos (de oposición y del propio partido de Humala), empresarios y diversos actores sociales.

Esta práctica, según la información oficial, habría empezado a finales del último gobierno de Alan García, incrementando su frecuencia desde que Humala asumió el poder.

La legalidad de estas acciones está ilegitimada debido a que las personas rastreadas no representan una amenaza para el Estado, condición primordial para realizar este tipo de seguimiento. De ello se desprenden varias dudas, como el fin último que perseguían al realizar estas averiguaciones y si en algún momento se las llegó a utilizar para chantajes o el ejercicio de presión sobre un determinado actor.

Las consecuencias que este descubrimiento ha tenido han dejado a la DINI sin cabeza. El 20 de marzo pasado Humala firmó un decreto mediante el que se releva a todo el alto mando de esta dependencia. La primera ministra, Ana Jara, ha pedido que sea la Fiscalía del Perú la que tome cartas en el asunto e investigue, además, las denuncias de compras irregulares de bienes inmuebles que algunos miembros de la Dirección habrían hecho en la ciudad de Lima.

Esta perspectiva mina los numerosos intentos del Ejecutivo por fortalecer la Dirección y dejar en el pasado estas denuncias. La credibilidad que este organismo debería tener en la sociedad peruana ha disminuido notablemente, pasando de ser un referente de la seguridad, en años anteriores, a una casa que se viene abajo poco a poco.