Todo empezó en Iguala, una pequeña ciudad mexicana asolada por el narcotráfico. Cuarenta y tres estudiantes pobres, hijos de campesinos, fueron secuestrados por policías durante la noche del 26 de septiembre y 42 de ellos siguen desaparecidos. Para sus familiares y compañeros, la oscuridad continúa. Nada se sabe de los que serían maestros rurales, pero sus rostros y voces suenan cada vez más fuerte. El caso ha desatado en México una protesta social de dimensiones inéditas.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida por su combatividad, habían llegado a Iguala para tomar temporalmente tres autobuses, una acción frecuente y pactada con las empresas para transportarse a sus prácticas. Pero en calles del centro, policías con uniformes y vehículos oficiales comenzaron a disparar en contra de los buses en marcha. Tiraron sobre llantas y ventanas, atravesaron una patrulla y los emboscaron.

“Yo venía en el tercer autobús y bajé”, relata un sobreviviente que oculta su nombre por seguridad y pide llamarle Ernesto. “Entonces llegó mi compañero Aldo (Gutiérrez Solano) y empezamos a empujar. Nos empiezan a disparar; veo que le pega una bala en la cabeza a él (disparo que le atravesó el cráneo y lo mantiene inconsciente desde entonces). Veo un charco de sangre y grito ‘¡le dieron a uno!’ Cuando intentamos jalarlo nos rafaguearon otra vez y ya fue descarga continua contra nosotros. Nos disparaban de adelante y de atrás”.

“Nos aventamos al piso. Nos protegimos en medio del primero y del segundo autobús”, sigue narrando Ernesto. “A los del tercero los rafaguean, los rodean, los encañonan y los bajan. Los acostaron en el piso y se los fueron llevando en grupos. Los subieron a las patrullas”. Pensaron que los arrestaban pero nunca más supieron de sus compañeros. “Se los llevaron a los que entraron en las camionetas. Si hubieran entrado más, se llevaban a más”, dice otro estudiante de la normal de Ayotzinapa quien pide se le nombre José Solano. En total fueron 43 los desaparecidos, cerca de 30 detenidos en la salida norte y los demás en otro autobús que intentaba tomar el periférico sur.

Un par de horas más tarde, mientras declaraban ante un puñado de periodistas, empezaron otra vez los disparos. El dirigente estudiantil Omar García recuerda que en la oscuridad solo oía el zumbido de las balas pasando a centímetros de su cuerpo.

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El fuego alcanzó a dos normalistas, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes cayeron muertos. Había cerca de 60 jóvenes; algunos buscaron resguardarse, otros huyeron sin saber hacia dónde porque no conocían el lugar. Entre ellos Julio César Mondragón, un muchacho que había sido papá un mes antes. Corrió por su vida, pero no tuvo suerte. Lo atraparon y torturaron hasta la muerte, arrancándole los ojos y la piel de la cara.

En 1969 se registró en México la primera desaparición forzada –Epifanio Avilés- y la práctica se utilizó como método de control de opositores, sobre todo en la década de los 70 con unos 1.000 detenidos y desaparecidos por razones políticas, según organizaciones de familiares.

En años recientes, el tema resurgió con virulencia en la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y ha seguido creciendo en lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Según datos oficiales e independientes, en los últimos 8 años se cuentan entre 23 mil y 35 mil personas desaparecidas.

Pese a los datos alarmantes, la desaparición de personas era tema excluido de la opinión pública y la agenda mediática. El caso Ayotzinapa lo puso en el centro de las discusiones, en México y más allá de las fronteras.

Ayotzinapa se ha transformado en catalizador del descontento social por diversos temas. Y las protestas se han extendido como reguero de pólvora, con un amplio abanico de características: igual en universidades que en teatros, casas de familia, multitudinarias marchas pacíficas o rabia que lleva a quemar edificios públicos. Por primera vez en la historia del país, ciudadanos hicieron arder la puerta de Palacio Nacional, edificio emblemático de la Presidencia.

En el exterior, los diplomáticos mexicanos viven la pesadilla de manifestaciones que frustran sus intentos por pasar la página. Hasta en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2014 estuvo presente el caso de los 43 desaparecidos, cuando el estudiante Adán Cortés irrumpió en la ceremonia con una bandera mexicana para pedir la atención del mundo.

El experto Edgardo Buscaglia dijo a EL TELÉGRAFO que se trata de un claro ejemplo de crimen de lesa humanidad. También, explicó, muestra que hoy México “es peor que un narcoestado, es una mafiocracia”.

Enrique Peña Nieto, meses atrás erigido en el llamado Mexican moment que lo tenía en portada de la revista Time, atraviesa ahora una tormenta plagada de cuestionamientos y escándalos que van concatenándose a partir de Iguala. Nadie se aventura a vaticinar lo que podría ocurrir en 2015, pero si algo está claro es que Ayotzinapa encendió una mecha.

La noche del 26 de septiembre las camionetas policiales cargadas con jóvenes pasaron raudamente por el periférico de Iguala. Según lo dicho por el gobierno mexicano, fueron asesinados y calcinados durante la madrugada en el basurero de Cocula, a pocos kilómetros del lugar de los ataques. Pequeños restos óseos encontrados en fundas plásticas en el lugar fueron sometidos a pruebas genéticas en el laboratorio de Inssbruck, Austria.

El 5 de diciembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó a los padres de los desaparecidos que un pequeño fragmento y una muela pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 jóvenes. Sin embargo, los peritos independientes, considerados máxima autoridad mundial en materia forense, aclararon que los restos fueron recogidos por la Procuraduría mexicana y no pueden asegurar que hayan sido encontrados en el basurero de Cocula.