Alberto Nisman no tenía razón. Su mediática denuncia por encubrimiento contra la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento a los acusados iraníes del atentado terrorista a la mutual judía AMIA, se desvaneció en el aire. La justicia le cerró el lunes la última rendija que la mantenía en pie. ¿El motivo? No se pueden investigar hechos que no constituyen delito.

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió de continuar la denuncia tras la apelación formulada por su colega Germán Moldes. De Luca, activo miembro de la agrupación Justicia Legítima, cercana al oficialismo, elevó su dictamen a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora el caso que acaparó las portadas de la prensa internacional está a un paso burocrático de ser archivado, aunque la oposición sueña con reflotarlo algún día. El tribunal debe confirmar la resolución en los próximos días en un mero trámite judicial.

Atrás quedaron tres meses de incertidumbre política y el uso electoral  de la denuncia en un año crucial en el que los argentinos elegirán al sucesor/a de su presidenta en octubre próximo.

El fiscal De Luca fue contundente: “no es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito”, dijo en su escrito de 17 páginas.

Añadió: “el caso no encaja en el grupo de investigaciones cuya clausura es considerada prematura, porque en autos lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno”.

Nisman presentó la denuncia el 14 de enero pasado en base a recortes periodísticos, escuchas telefónicas de personajes de dudosa trascendencia política y presuntos espías no reconocidos por el gobierno. Acusaba no solo a la presidenta, sino también a su canciller, Héctor Timerman; el diputado Andrés Larroque, dos activistas y dos supuestos espías.

El fiscal de la causa AMIA sostenía que el gobierno había pactado con Irán tirar abajo las alertas rojas de la Interpol para capturar a los acusados iraníes a cambio de reflotar el intercambio comercial, en especial petróleo por granos. Pero la Interpol negó la versión y dijo incluso que Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener vivas las alertas. Nisman apuntaba a un memorándum firmado con Irán que permitía a la justicia argentina tomar declaración a los acusados iraníes en Teherán. La cámara federal declaró inconstitucional el acuerdo.

Pero Nisman apareció muerto con un balazo en la cabeza cuatro días después de su denuncia y el país quedó inmerso en una crisis sin precedentes. La justicia aún no determina si se trató de un suicidio o un asesinato.

Tras la conmoción por la muerte de Nisman, la denuncia fue impulsada por el fiscal federal, Gerardo Pollicita. Pero el juez federal, Daniel Rafecas, rechazó en primera instancia en un extenso escrito la presentación. Pollicita entonces apeló y el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, acompañó su decisión. Pero el resultado fue el mismo. Los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal desestimaron la denuncia el 26 de marzo por dos votos contra uno.

Moldes, impulsor de la marcha de homenaje a Nisman del 18 de febrero, a un mes de su muerte y que tuvo un fuerte tono opositor, insistió en su apelación ante el Tribunal de Casación. Pero este lunes el fiscal de la sala, Javier De Luca, se sumó a la ola de rechazos. Le puso punto final en medio críticas de la oposición.

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aliada de la derechista Propuesta Republicana (PRO), del alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, acusó a De Luca de ser “cómplice de asesinato y de encubirmiento” a raíz de su dictamen.

El fiscal Moldes fue más allá: “Hace tres semanas advertí que había maniobras dilatorias, maniobras para retardar el trámite en la Cámara Federal para dar tiempo a que entrara en turno este fiscal (De Luca) porque ya estaba decretado que este iba a poner lápida, este era el enterrador de la denuncia de Nisman”.

“Justicia Legítima (el movimiento judicial al que se adhiere De Luca) es un colectivo absolutamente encuadrado en un solo objetivo, por ahora: obtener impunidad para los funcionarios acusados de casos de corrupción”, concluyó.

Desde el gobierno la resolución se tomó con tranquilidad. Con la presidenta en viaje oficial a Rusia, el que tomó la posta fue el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, minimizando las voces de la oposición que auguran una reapertura de la causa con nuevas pruebas o en caso de que la Corte Suprema decida actuar de oficio. “Hay un principio del Derecho que dice que no se puede juzgar dos veces por la misma causa”, indicó. (I)