La defensa del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se prepara para presentar el próximo 31 de diciembre el recurso de reposición en contra del fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años.

A principios de diciembre, el procurador Alejandro Ordónez, que encabeza un órgano autónomo de control para los servidores públicos, destituyó a Petro en un fallo de primera instancia, por considerar que el Alcalde de Bogotá actuó con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura.

Según explicó a la revista Semana, Julio César Ortiz, abogado de Petro, el recurso de reposición en contra de la decisión de Ordóñez está enfocado en 3 aspectos concretos, los cuales, a decir del jurista, son suficientes para que el fallo se caiga.

El primer argumento para cuestionar el fallo tiene que ver con la calificación de la falta ‘gravísima’ tras la implementación del nuevo esquema de basuras que generó la crisis de recolección. Para los juristas no existe dicha falta ya que no se afectaron derechos fundamentales.

Según el abogado Ortiz, el problema radica en lo que se entiende por libertad de empresa, la cual, según el fallo, viola el mandato constitucional y afecta gravemente a la ciudad. En el recurso se plantea que esta libertad “no es un derecho fundamental absoluto y pleno como lo es la vida o la salud, por el contrario se predica como una ley, pero no de una política pública que afecte derechos fundamentales”.

El segundo tema está relacionado con una carga ideológica del fallo. “La destitución del Alcalde es un atropello por parte del Procurador al que no le gustó que les quitara el negocio (basuras) a los empresarios privados, lo cual se ve reflejado en el fallo, por lo que todos los organismos internacionales han reaccionado a favor de nosotros al ver semejante injusticia”, dijo Ortiz.

Pero tal vez el tercer argumento es el más fuerte. Este se relaciona en la facultad que tiene el Procurador para destituir al Alcalde Mayor de Bogotá. Según el recurso, el artículo 323 de la Constitución de Colombia y el artículo 44 del Estatuto Orgánico de Bogotá dejan en claro que el único funcionario que puede tomar una medida disciplinaria como suspensión o destitución en contra del mandatario capitalino es el Presidente de la República, no el Procurador General de la Nación.

Por último, los abogados del Alcalde pondrán de presente un estudio técnico ambiental certificado de la Universidad Nacional, el cual demuestra que no existió contaminación en los días que se dejó de prestar el servicio de recolección, barrido y limpieza de basuras en Bogotá. Lo cierto es que en el fallo se indica que en los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras que quedaron tiradas en las calles.

Se espera que a finales de enero se tenga un resultado sobre este recurso, señaló el diario.

Uribe niega conspiración
Por su parte, el expresidente colombiano Álvaro Uribe negó ayer nuevamente que haya participado en un supuesto complot para destituir al Alcalde de Bogotá.

El exmandatario (2002-2010) calificó como ‘sandeces’ las afirmaciones de una supuesta conspiración suya para que el procurador Alejandro Ordóñez destituyera a Petro. “Yo no conspiro, yo procedo de frente”, dijo Uribe en declaraciones a la Radio Cadena Nacional (RCN).