El legislador peruano Kenji Fujimori renunció el jueves al partido Fuerza Popular, al afirmar que perdió autoridad moral.

Esto ocurrió después de las declaraciones del exapoderado de la empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata, de que aportó con $1’200.000  para la campaña presidencial de su hermana Keiko Fujimori en 2011.

“Con mucha tristeza, tengo el deber de renunciar al Partido Fuerza Popular. El sacrificio de tantas personas por el fujimorismo en todo el Perú hoy se ve empañado por unos pocos”, explicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La empresa Odebrecht es investigada en numerosos países de América Latina y del mundo, desde que se descubrió que la constructora estableció una amplia trama de sobornos para conseguir contratos de obras públicas.

“No dudo de mi hermana, pero el partido ya no tiene autoridad moral. El amanecer, sin embargo, llegará”, agregó Kenji, quien es el hijo menor del expresidente peruano Alberto Fujimori.

Los hermanos tras el poder
El parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, manifestó que la renuncia del menor de los Fujimori es una victoria para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque agudiza la crisis en el grupo opositor que le impide gobernar.

Keiko, de 41 años y dos veces candidata presidencial, lidera el partido y el ala dura del fujimorismo. En tanto que Kenji, de 37 años y el legislador más votado, encabeza el sector pragmático.

En diciembre el parlamentario buscó un entendimiento con el presidente de Perú, para conseguir el indulto de su padre condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

El entendimiento consistió en que Kenji junto con nueve congresistas impedirían la destitución de Kuczynski, también implicado con Odebrecht. El problema es que esta moción fue promovida por su hermana Keiko.

Tras la libertad de Alberto Fujimori, declarada en Nochebuena, la negociación a espaldas de su hermana mayor le pasó factura.

Tanto Kenji como sus  9 congresistas aliados renunciaron en enero porque la bancada estaba dividida.

“Hace tiempo existía una fractura política, una lucha entre Keiko y Kenji por tener su propia cuota de poder dentro del partido y por quedarse con el legado del fujimorismo”, comentó a BBC Mundo Iván Lanegra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico.

Diario El País de España también  señaló en diciembre que Keiko, no quería el indulto porque teme la acogida a su padre aún activo a sus 79 años. “La líder del partido prefería echar a Kuczynski, hacerse con el poder y luego decidir desde allí qué hacer con su padre”.

Fuerza Popular, agrupación que lidera, cuenta con 61 de los 130 escaños que tiene el Congreso peruano, que ella domina a voluntad.

Luego del anuncio sobre la renuncia de Kenji del partido, la legisladora fujimorista Luz Salgado le pidió dejar que las autoridades hagan su trabajo, en lugar de acusar a miembros de su expartido.

La investigación sobre Keiko
La Fiscalía de Perú abrió una investigación a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular por un presunto delito de lavado de activos al encontrar las anotaciones de Marcelo Odebrecht.

El expresidente de la constructora escribió en una frase: “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y le voy a hacer una visita).

En su declaración ante fiscales peruanos celebrada el martes en Sao Paulo (Brasil), Barata ratificó que su empresa aportó dinero para financiar las campañas electorales de políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán. Asimismo admitió contratar conferencias del actual mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, según medios locales.

Por su parte, Keiko se desligó del caso y pidió a la fiscalía que archive la investigación en su contra. Según anunció, Barata declaró que nunca le entregó dinero alguno a ella, aunque sí a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

“Estoy segura de que ellos harán sus descargos”, señaló Fujimori, a pesar de conocer que ambos ya abandonaron el país. (I)

La CIDH analiza el indulto al expresidente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó ayer una audiencia pública en la que se analiza el indulto que le otorgó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a Alberto Fujimori.

Colombia fue la sede de la audiencia, en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la CIDH, entre el 22 de febrero y el 2 de marzo del 2018. En total fueron ocho audiencias y la última es sobre el exmandatario.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por matanzas y actos de corrupción cometidos durante su gobierno (1990-2000). Solo 12 años estuvo detenido.

De acuerdo con diario La República de Perú, la última encuesta que publicó la empresa GfK sobre el indulto a Alberto Fujimori, el 63% de peruanos de los consultados aseguró que estaría de acuerdo ante una posible decisión de que el exdictador regrese a la cárcel, mientras que el 34% se mostró en contra.

Hace unos días, Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado peruano investigar el indulto a Fujimori y el derecho de gracia.

“Indultar y otorgar el derecho de gracia a Fujimori fue una clara muestra de que al presidente le importa poco el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares”, explicó Marina Navarro, directora de AI. (I)