La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia rechazó ayer las críticas del embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Whitaker, a un fallo de ese tribunal que dejó libre a un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) implicado en el secuestro de un ciudadano estadounidense.

En una carta divulgada el jueves, los nueve magistrados del más alto tribunal colombiano le pidieron a Whitaker ceñir su actuación a la Convención de Viena, que en su artículo 41 prohíbe a los diplomáticos ‘inmiscuirse en los asuntos internos del Estado’ donde actúan.

“Rechazamos que un agente diplomático de un país amigo nos reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de nuestro ejercicio soberano como magistrados”, indicó la misiva.

La controversia surgió luego de que el pasado 31 de mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenara la libertad inmediata del excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Julio Enrique Lemos Moreno, quien había sido detenido dos meses antes en la noroccidental Medellín por estar por fuera del campamento de desarme donde le correspondía estar concentrado.

Lemos Moreno enfrenta en una corte de Nueva York cargos por el secuestro del empresario estadounidense Cecilio Juan Padrón, ocurrido el 4 de abril de 2008 en Panamá y atribuido a las FARC, que lo mantuvieron privado de la libertad durante 10 meses en Colombia y lo liberaron a cambio de un rescate.

Cuando el exinsurgente fue detenido, Estados Unidos lo solicitó en extradición, pero la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad porque el acusado se había acogido previamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia que procesará a los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos graves durante el conflicto.

La JEP es el pilar del punto de justicia y reparación que lograron las FARC y el gobierno colombiano dentro de la negociación para poner fin a una confrontación armada interna de 53 años. El acuerdo de paz, además, prohíbe expresamente extraditar.

La Corte Suprema comprobó que Lemos Moreno había salido de la zona de desarme donde debía estar reunido con los demás, con el permiso del Mecanismo de Monitoreo y Verificación que supervisa el proceso de dejación de armas, el cual concluyó el martes pasado con la entrega de todo el armamento individual.

La decisión de la corte de liberar a Lemos Moreno fue unánime ya que fue respaldada por los nueve magistrados.

Washington cuestiona la justicia colombiana

Sin embargo, el embajador Whitaker envió el 7 de junio una carta al presidente encargado de la Corte Suprema, Eugenio Fernández Carlier, en la que planteó sus ‘profundas diferencias’ con el fallo que permitió la liberación del ex guerrillero porque “no consideró la gravedad del caso de secuestro de un ciudadano norteamericano”.

Ese delito, agregó el diplomático, lo cometió “una persona extremadamente peligrosa” contra un ciudadano estadounidense y “llama poderosamente la atención de nuestro gobierno” que la corte no haya tomado en cuenta “dichos factores” ni haya considerado si el secuestro fue cometido para beneficio propio o con ocasión del conflicto armado.

Según Whitaker, ese fallo de la corte “pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados” con el acuerdo de paz con las FARC. Y remató la misiva afirmando que la decisión de liberar a Lemos Moreno “es inconsistente con los fines de la justicia y desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

La carta del embajador fue tan injerencista, que en una reacción inusual el presidente colombiano Juan Manuel Santos –quien considera a Estados Unidos un “socio estratégico” de Colombia—señaló que los fallos de la Corte Suprema de Justicia deben ser acatados y “no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros”.

Este tipo de roces son inusuales en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Los dos países han mantenido una relación tan estrecha, que Washington otorgó al gobierno colombiano ayuda por $ 9.940 millones entre 2000 y 2016 para combatir a las guerrillas y Colombia permite a personal militar de Estados Unidos operar desde siete bases militares en este país, lo que los Estados vecinos consideran una potencial amenaza para la región. (I)

DATOS

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) consignaron este martes la entrega total de las armas individuales a la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de la supervisión del convenio de paz con el gobierno.

Las 7.132 armas que entregaron miembros de las FARC están en contenedores en los 26 campamentos de desarme. Los pertrechos  serán inhabilitados para su uso y los contenedores serán extraídos de los campamentos en julio. Parte de ellos serán fundidos para construir tres monumentos sobre la paz colombiana en Nueva York, La Habana y Colombia.

El conflicto, en el que también participaron otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, deja unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados en medio siglo de lucha. (I)