Veinticuatro años después, la denuncia por la matanza extrajudicial de 15 personas en la comunidad campesina Santa Bárbara, sierra centro de Perú, tiene sentencia.

El pasado viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades de este país “determinar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en el proceso”.

Los detalles del crimen aún suenan terribles. En julio de 1991 un comando militar ingresó a la comunidad, ubicada en el Departamento de Huancavelica, y masacró a hombres, mujeres, y niños –siete menores en total–, para luego atarlos a cargas de dinamita y hacerlos explotar.

Las acciones de los militares, desarrolladas en un mina del sector llamada “La Misteriosa”, fueron conscientes, de acuerdo a los miembros de la Corte, y buscaban eliminar cualquier tipo de rastro que llevara a delatar el abuso del poder con que actuaron. Eso hace que los hechos califiquen bajo la figura jurídica de la desaparición forzada, un delito que para la ley internacional no prescribe.

Hasta ahora solo se conocía el nombre de un militar juzgado por esta falta. Con la reciente sentencia, varios miembros de la Fuerza Armada se han puesto en evidencia como autores materiales y las órdenes de arresto internacional no han tardado en expedirse.

Entre 1980 y 2000 Perú vivió la guerra interna entre el Estado y los miembros de Sendero Luminoso, y bajo ese contexto las detenciones ilegales y desapariciones forzadas se tornaron mecanismos de acción utilizados por las fuerzas del orden. En 1991, año de esta matanza, Alberto Fujimori gobernaba un país convulsionado en el que las poblaciones indígenas llevaban la peor parte del conflicto.

De acuerdo con los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del país, ocupó el cuarto lugar con mayor número de desapariciones forzadas en medio de la guerra, y el segundo con más alto índice de abuso sexual a las mujeres.

La conclusión a la que ha llegado la CIDH ordena además diversas reparaciones civiles a los deudos de los adultos y los niños desaparecidos. A dos personas, miembros de las familias asesinadas, el Perú deberá devolverles 10 alpacas y construirles casas a través de sus sistemas de asistencia habitacional. A los deudos de los niños, en cambio, deberá subsanarlos con el pago de 80 mil dólares.

El eco que ha generado esta sanción ha sido mínimo. Aparte de unos pocos encabezados y detalles la prensa ha hecho oídos sordos a esta sentencia. Medios alternativos, más difundidos en la red, han tomado este enunciado como una muestra más de que la clase política peruana ha errado en las decisiones del pasado.

Esa observación resulta un tanto incómoda en este momento en el que los perfiles presidenciales empiezan a definirse. La carrera, encabezada por Keiko Fujimori, cuyo padre cursa una condena de 25 años de prisión precisamente por crímenes contra los derechos humanos, cuenta además con otras figuras que han ostentado el poder y que suman denuncias por la falta a estos derechos.

Alan García y Alejandro Toledo, por ejemplo, aspiran a volver a ocupar el sillón presidencial, a pesar de que han sido señalados como causantes de momentos políticos que terminaron costándole la vida a más de una persona. Bajo el primero pesa aún la Matanza de los Penales, en la que murieron 300 personas acusadas de terrorismo, y el Baguazo, evento que enfrentó a policías y población amazónica superando los 30 fallecidos. Sobre el segundo, en cambio, está la memoria de un estudiante puneño asesinado por la policía en disturbios antimineros.

Hasta 2012 Perú ostentó el primer lugar en Latinoamérica entre los países que más denuncias y sentencias acumulaban en la CIDH. Solo en 2010 el organismo internacional admitió 362 denuncias contra este país, y dio curso a unas 86. De ellas, 26 correspondían al delito contra los derechos humanos. Todas ellas recibieron fallos en contra del país. (I)