El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, declaró ayer en la mañana ante fiscales por el caso Odebrecht, que casi le costó la destitución, mientras activistas se aprestaban a manifestarse en Lima contra el indulto al exmandatario Alberto Fujimori.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que dirige la investigación, busca determinar si el mandatario de centro-derecha, o alguna de sus consultoras, se benefició o influyó en concesiones de obras públicas otorgadas a la cuestionada constructora brasileña.

“El presidente Kuczynski se encuentra en una reunión reservada con los fiscales desde las 09:30 (14:30 GMT) en el Palacio de Gobierno”, confirmó la secretaría de prensa presidencial.

Casi a la misma hora llegó a las oficinas de la fiscalía a declarar la líder opositora Keiko Fujimori, en una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas electorales, que también abarca a Odebrecht. La hija de Fujimori niega las acusaciones.

Los fiscales investigan los millonarios pagos por asesorías que hizo la compañía brasileña a empresas ligadas a Kuczynski cuando era ministro del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

El mandatario negaba todo vínculo con Odebrecht hasta que fue desmentido por la compañía brasileña, que decidió colaborar con la justicia.

Kuczynski se salvó hace una semana de ser destituido por el Congreso porque mintió sobre sus lazos con Odebrecht, y su interrogatorio y el de Keiko tienen lugar en medio de una nueva tempestad política tras el indulto que concedió al expresidente Fujimori (1990-2000), quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad.

Fujimori, de 79 años, permanece desde el sábado hospitalizado en una clínica por problemas cardíacos.

Medios peruanos estiman que Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori para evitar su destitución por el Congreso. Lo que deducen por la sorpresiva abstención de 10 legisladores fujimoristas, liderados por Kenji Fujimori, lo que hizo naufragar la moción de declarar la “vacancia” del presidente por “incapacidad moral”.

Víctimas indignadas
Agrupaciones políticas y sociales marcharon ayer por las calles de Lima  para manifestar su indignación bajo el lema el ‘indulto es insulto’.

El polémico perdón presidencial es también criticado por organismos internacionales de derechos humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Y en un primer triunfo para los familiares de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó a una audiencia extraordinaria para escuchar, el 2 de febrero, a las partes implicadas en el indulto concedido a Fujimori.

El organismo revisará el cumplimiento de la sentencia en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, informó la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que representa a los deudos de las víctimas de estas matanzas.

El 2 de enero de 2010 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la pena de 25 años de prisión y desde entonces Fujimori y sus hijos reclaman el indulto humanitario. La pena se computa desde  el 7 de noviembre de 2005, cuando fue detenido en Chile, y luego extraditado a Perú en septiembre de 2007. La sanción se cumplía en 2032. (I)

Los casos
Matanzas y secuestros
Alberto Fujimori fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño Barrios Altos (15 muertos en 1991) y de la Universidad La Cantuta (10 muertos en 1992) y por el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.    

15 sentenciados de los casos Fujimori pagaron las indemnizaciones , pero el expresidente no.  

La deuda pendiente
La deuda de reparación a las familias de las víctimas se incrementó el 87% y asciende a $ 7’404.957. (I)