El presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a rechazar hoy, ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en Perú, la acusación de que se benefició de los 782.000 dólares que su consultora facturó a la constructora brasileña Odebrecht mientras él era ministro.

El interrogatorio, que se prolongó durante unas ocho horas en el Palacio de Gobierno de Lima, fue un ensayo de la sesión del próximo jueves 22 en el pleno del Congreso, donde Kuczynski deberá realizar su alegato antes de que la cámara debata y vote una moción para destituirlo, la segunda en apenas tres meses.

El mandatario, que declaró en condición de testigo, aseguró en un mensaje publicado en Twitter que "estoy dispuesto y siempre lo estaré a colaborar en las investigaciones con la plena convicción que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora", escribió Kuczynski.

En su declaración, Kuczynski nuevamente negó que no interfirió en los negocios de su consultora Westfield Capital, fundada en Estados Unidos, mientras él era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Reiteró que existió "una muralla china" con su amigo Gerardo Sepúlveda, quien administró la empresa de Kuczynski mientras él estaba en el sector público, y alegó errores en un informe de la unidad de inteligencia financiera (UIF) que le atribuye cuantiosas transferencias por unos 2 millones de dólares desde cuentas de Westfield.

Al término del interrogatorio, el abogado de Kuczynski, Gonzalo Del Río, afirmó que el gobernante respondió de manera "bastante clara" a todas las preguntas de los legisladores y recordó que "uno no puede demostrar aquello que no existió".

"Claramente no ha incurrido en ninguna negociación incompatible. Se le está investigando por hechos que tienen una explicación razonable", agregó Del Río.

El letrado recordó que Kuczynski renunció a la dirección de Westfield antes de asumir como ministro, pero "no tiene por qué renunciar a patrimonio".

Por su parte, la congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lava Jato, destacó que el grupo que ella dirige ha tenido que esperar siete meses para poder tomar declaración a Kuczynski, pero declinó profundizar sobre sus respuestas hasta que las evalúe primero con sus compañeros.

Barta, cuya comisión investiga los sobornos de constructoras brasileñas a funcionarios peruanos, indicó que algunas respuestas del presidente fueron extensas, "pero también las hubo escuetas y otras evasivas".

Tanto Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista Peruano (PAP), y Víctor Andrés García Belaúnde, del centrista Acción Popular, resaltaron que la declaración de Kuczynski no aporta ningún elemento nuevo a los argumentos esgrimidos por el mandatario anteriormente.

"Rescato la voluntad del presidente de contestar porque se pensaba que no iba a hacerlo y ha sido muy locuaz en algunas respuestas, pero no ha podido desligar las actividades de Westfield de las suyas", comentó García Belaúnde.

El mandatario aceptó recibir a la comisión en diciembre, un día antes de que se votara la primera moción para destituirlo, ya que en los meses anteriores se había negado en rotundo a acudir a las citaciones e incluso llegó a calificar de "circo" al grupo parlamentario.

Tras salvarse del primer intento de vacancia, Kuczynski indicó que declararía ante la comisión Lava Jato después de que la Fiscalía tomara declaración al exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, lo que ocurrió el pasado 27 de febrero.

En su testimonio, Barata ratificó que Odebrecht financió de manera irregular las campañas electorales de la mayoría de los candidatos a la Presidencia de Perú y especificó que apoyó con 300.000 dólares la candidatura de Kuczynski en las presidenciales de 2011.

El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia. (I)