El pasado 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia de Perú con una consigna clara: trabajar, desde el primer día, tras resultados que mejoren el país. Treinta días después, y aún en proceso de adecuación, el nuevo gobierno da muestras de que ese trabajo deberá ser constante y profundo para lograr los objetivos trazados en su plan hasta 2021.         

En el camino, el Ejecutivo y la oposición ya se han tomado la temperatura. Luego de la posesión, en la que el fujimorismo, principal fuerza política del país y con mayoría absoluta en el Congreso, se mostró apático frente a los anuncios del mandatario, la gran prueba de fuego consistió en lograr el voto de confianza de los congresistas para el gabinete ministerial.

De acuerdo con la Constitución del país, todo cuerpo de ministros debe tener, previamente a su acción, la venia del Parlamento. En busca de esa aprobación, Fernando Zavala, el primer ministro, preparó un camino político que encendiera luz verde para el trabajo del nuevo régimen. Tras un discurso que se prolongó dos días, Zavala expuso al pleno las líneas estratégicas de trabajo que, en todas las carteras, desplegó el gobierno de Kuczynski.

Una apuesta determinante a la formalización de la economía es la base del proyecto económico que el Gobierno llevará adelante en estos años. Conseguir un crecimiento del 5% en el PBI pasará necesariamente por la inclusión de un mayor universo de aporte fiscal en el país, una tarea que se asume extenuante siendo actualmente Perú uno de los países con mayor tasa de informalidad (70%) laboral a nivel de la región.

Reformas laborales, al sistema de pensiones, y una lucha tajante que busca reducir la pobreza, actualmente en el 4,1%, al 2% constituyen algunas de las premisas tras las que se han desplegado, en estos 30 días, acciones iniciales.

Analistas coinciden en que estas políticas apuntan a ampliar la cobertura de derechos y obligaciones ciudadanas a un mayor número de peruanos. No se trataría así de iniciativas que busquen un impacto mediático, sino que fortalezcan el papel del Estado frente a las necesidades urgentes de su población.

Sin duda alguna, la visibilidad de esas necesidades es un paso vital para su satisfacción. Algo que parece haber ocurrido con el movimiento masivo de mujeres tras la marcha denominada ‘Ni una menos’ que llenó el centro de Lima el pasado 13 de agosto. Después de Colombia, Perú tiene el segundo índice más alto de femicidios en la región. Tras la manifestación, Kuczynski mencionó que uno de sus objetivos en el Gobierno es la igualdad entre los peruanos. Los primeros pasos en este sentido han apuntado a abrir formas de apoyo institucional que actúen frente a la violencia recibida por las mujeres. La firma del decreto a partir del que se ordena, a todo el sistema de salud pública del país, la entrega gratuita de la pastilla del día después ha significado un paso en esta línea. Ante la crítica, emergida de sectores católicos y conservadores, las autoridades gubernamentales se han mantenido firmes y han mencionado que apenas es la primera de varias acciones más que buscan abrir nuevos espectros de relación entre los peruanos.  

Durante estas cuatro semanas, además, los ojos del país han permanecido atentos a las acciones que se tomen desde el Ministerio del Interior para la lucha en contra de la inseguridad. Carlos Basombrío, titular de esa cartera de Estado, enfrentó, de entrada, una grave denuncia al interior de la Policía Nacional por la supuesta existencia de un escuadrón policial que en los últimos cinco años realizó, de forma sistemática, ejecuciones extrajudiciales. La respuesta de Basombrío ha dejado sentada la intención del régimen de castigar a los malos miembros del cuerpo policial, una vía a través de la que se busca reducir los altos niveles de corrupción que permean a esta institución. La difusión de un sistema nacional de recompensas por la entrega de información para atrapar a los delincuentes más buscados del país, ha sido también una de las medidas que buscan la reducción de la violencia.

El carácter liberal del Gobierno, sin embargo, abre vías a partir de las cuales fortalece el papel de la empresa privada como motor de desarrollo nacional. Esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, mencionó la necesidad de eliminar la normativa que evita la elusión tributaria, que ha servido para investigar a grandes empresas que evaden impuestos para depositarlos en paraísos fiscales. Una medida que, de llegar a concretarse, dar la posibilidad de que los grandes aportantes del fisco nacional evadan sus responsabilidades ante el Estado. (I)