La justicia peruana ordenó el martes 28 de enero de 2020 que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva, al acoger una petición de la Fiscalía en la causa por supuestos pagos ilegales a políticos por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

Fujimori, de 44 años, fue detenida de inmediato en el tribunal. "Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada", declaró el juez Víctor Zúñiga, tras exponer durante 10 horas los argumentos de su decisión, en una audiencia pública a la que la imputada se sumó en los minutos finales acompañada por su esposo, Mark Vito.

La líder opositora cumplirá prisión preventiva mientras es investigada por cuatro delitos, entre ellos lavado de activos. Zúñiga aseguró que la prisión preventiva cumple con los estándares de proporcionalidad referidos, pues resultara idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.

Por su parte, Keiko Fujimori difundió, a través de las redes sociales, un vídeo en el que aseguró que la decisión era "injusta" y que tenía la consciencia "tranquila".

El juez dijo que Fujimori estaría involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora y cuando habría intentado ser la más importante funcionaria de la nación, en las campañas electorales de 2006 y 2011. (I)