El último tramo de la campaña electoral, en la que Keiko Fujimori perdió la presidencia del Perú ante Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, fue marcado por un grave escándalo: Joaquín Ramírez, mano derecha de la líder fujimorista, era investigado por la DEA (Administración para el Control de Drogas, en inglés) bajo el supuesto delito de lavado de activos.

Alrededor de Ramírez, entonces secretario General de Fuerza Popular, el partido encabezado por la hija del exmandatario Alberto Fujimori, se desató una tormenta política, que, a la larga, le costó la presidencia a su líder.

La denuncia, difundida en todos los medios de comunicación del país, se basó en las declaraciones del peruano Jesús Vásquez, piloto comercial, quien aseguraba haber colaborado con la DEA grabando una conversación en la que Ramírez declaraba haber recibido $ 15 millones de la ‘China’ para “lavarlos” en una cadena de gasolineras.

Casi un año después del escándalo, con Ramírez alejado por completo de la esfera pública, y Keiko Fujimori como cabeza visible de la mayoría en el Congreso, la Fiscalía dio un paso inesperado en el curso de la investigación alrededor de estas denuncias, al decidir, la semana pasada, ampliar la investigación que pesa sobre Ramírez e incluir a Fujimori.

Esta decisión ha sido inesperada. Si bien se conocía que sobre la figura de Joaquín Ramírez pesa, desde 2014, una investigación que busca esclarecer el incremento sorpresivo de su patrimonio (calculado en $ 7 millones), nada se había dicho sobre la vinculación que Keiko tendría con este personaje.

La Fiscalía ha basado su argumento en tres elementos que, de acuerdo a la investigación, podrían estar relacionados. El primero es la denuncia hecha por Vásquez, el año pasado, a través de la que se confirmó que la DEA investigaba a Ramírez por la compra repentina de dos departamentos en Miami, valorados, cada uno, en $ 2,5 millones.

La segunda es la “coincidencia” de que, al mismo tiempo que Ramírez habría asegurado recibir el dinero de Fujimori, su hermano, Ozías Ramírez, lo habría lavado en una cadena de gasolineras en el norte del país. La tercera relaciona a Keiko con su padre, preso, entre otros, por delitos de corrupción, pues, de acuerdo con documentos contables, la sustracción de dinero hecha por Alberto Fujimori al Estado peruano superaría los $ 1.200 millones, sin saber hasta ahora cuál fue su destino.

Para el abogado de Keiko Fujimori, Edwar García Navarro, la inclusión de su defendida en esta investigación se basa solamente en un “comentario no corroborado” y busca atraer la atención en un momento en que gran parte de los actores políticos del Perú están concentrados en las denuncias de entrega de sobornos por parte de las empresas brasileñas.

La Fiscalía sin embargo no ha perdido tiempo. Acelera acciones buscando establecer si, en algún momento, la DEA incluyó a Keiko en sus investigaciones. Se ha ordenado, en ese contexto, el levantamiento del sigilo bancario de Fujimori, así como la eliminación de su reserva tributaria, dos pasos que ayudarán a conocer el movimiento de dinero que la líder del fujimorismo tuvo en los últimos años.

Keiko Fujimori, quien es reconocida como una de las figuras más influyentes en la política peruana, ha mantenido silencio frente al tema. Se espera que en los días siguientes su defensa plantee una estrategia para hacerle frente a estas denuncias, que la ligan con los confusos manejos administrativos de Ramírez, principal aportante de sus dos últimas campañas políticas, y dueño de inmuebles utilizados por Keiko como sedes de sus campañas. (I)       

DATOS

La investigación por este caso es contra la exprimera dama, Nadine Heredia; el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entre otros.  

Alan García y Ollanta Humala, dos expresidentes, pasaron por la fiscalía como testigos en la investigación por el presunto favorecimiento a Odebrecht para que gane la licitación del Gasoducto del Sur Peruano.

Como parte de estas diligencias también fue citada ayer la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que acuda como testigo, pero no se presentó al despacho del fiscal Abia y solicitó que se cancele de manera definitiva esta diligencia.

La resolución del fiscal Abia es importante para esclarecer las reuniones que habría sostenido Barata con diferentes candidatos a la presidencia del Perú. (I)