Francia investigará a Lagarde por "complicidad en malversación"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será investigada en Francia por su papel en la millonaria indemnización acordada al empresario Bernard Tapie en 2008, cuando era ministra de Economía, según decidió hoy la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa.

Apenas un mes después de haber asumido en Washington el cargo que dejó vacante su compatriota Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual por una empleada de hotel, Lagarde se ve envuelta en un asunto turbio que amenaza con ensuciar su reputación.

A través de su abogado, Yves Repiquet, la ex ministra ha asegurado que este caso no afectará a su labor al frente de la institución financiera internacional, y ha vuelto a declarar su inocencia.

"Ahora tenemos la oportunidad de disipar las dudas vertidas contra mi clienta", afirmó el letrado nada más conocer la apertura de la investigación.

El abogado indicó que Lagarde podrá dedicarse "plenamente" a su trabajo al frente del FMI, cuyo consejo de administración conocía que la ex ministra podía ser investigada en este caso.

La oposición socialista no opina lo mismo y considera que esta investigación muestra que fue un error proponer a Lagarde como directora del FMI, institución que ahora "está debilitada", indicó su portavoz parlamentario, Jean-Marc Ayrault.

El diputado socialista señaló que el caso salpica al presidente, Nicolas Sarkozy, que no podía ser ajeno a la actuación de su ministra de Economía.

"Sarkozy no podrá permanecer silencioso, deberá explicar por qué se favoreció a Tapie", aseguró.

Lagarde será acusada de un delito de "complicidad en falsificación" y de "complicidad en el desvío de bienes públicos", según anunció la Fiscalía del Tribunal Supremo, delitos por los que puede ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y 10.000 euros de multa.

Inicialmente, la Fiscalía había acusado a Lagarde de un delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es muy inferior.

La CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta influencia ejercida por Lagarde en la atribución de una indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la década de los 90.

La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales.

Varios diputados socialistas, sorprendidos por el elevado monto que el Estado debía pagar a Tapie, acudieron a la Justicia para denunciar el procedimiento decidido por Lagarde.

La Fiscalía del Tribunal Supremo hizo suya el pasado 10 de mayo la denuncia de los parlamentarios de la oposición y pidió la apertura de una investigación a la CJR, la única instancia capaz de juzgar a aforados y a ministros por actos cometidos en el transcurso de sus funciones.

Este Tribunal deberá ahora nombrar una comisión de instrucción compuesta de tres magistrados que investigará los presuntos delitos.

Entre sus atribuciones, los jueces pueden llamar a declarar a Lagarde, organizar careos e, incluso, ordenar su procesamiento.

Además, la acusación también considera que Lagarde conocía que algunos de los miembros de la comisión de arbitraje habían trabajado en el pasado para Tapie.

Finalmente, le reprochan además que no recurriera la elevada indemnización acordada, que con los intereses se acerca a los 400 millones de euros, suma que el Estado debe pagar a Tapie, empresario estrella en la década de los años 80 y ex ministro de Urbanismo de François Mitterrand, cuyo imperio fue embargado por diversas irregularidades.

Tras un breve paso por la cárcel, Tapie denunció que una de las compañías que le confiscaron, el fabricante de material deportivo Adidas, fue vendida en 1993 por un valor muy inferior al real.

La venta la hizo el banco Crédit Lyonnais, entonces público, motivo por el cual Tapie denunció al Estado.

En 2008 los tribunales le dieron la razón y fue entonces cuando Lagarde decidió formar la comisión de arbitraje para fijar la indemnización a la que tenía derecho el empresario.