Justicia argentina ordena reasignar tribunal que juzgará a expresidenta Cristina Fernández
El Supremo de Argentina ordenó volver a sortear el tribunal que juzgará a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández en las dos causas que le afectan que ya fueron elevadas a vista oral, una por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública y la otra por supuesto encubrimiento de terroristas.
En una orden publicada hoy por el Centro de Información Judicial, la Corte Suprema de Justicia dispuso no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 (TOCF 9) al objetar el procedimiento por el cual se lo designó.
Los integrantes de la Corte decidieron que se sorteen nuevamente ambas causas -las dos habían recaído en el mismo tribunal-, y exhortaron "enfáticamente" a la Cámara de Casación a que "se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia".
"En especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene uno de los fundamentos del fallo.
Para la Corte "el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal al incluir el TOCF 9 en los sorteos propios de la Justicia Federal implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia".
Es así que las causas ya elevadas a juicio oral en las que está acusada la expresidenta deberán volver a sortearse para que pasen a otro Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El pasado 5 de marzo, el juez Claudio Bonadio decidió elevar a juicio la investigación por el encubrimiento que supuestamente realizó el Gobierno de Fernández (2007-2015), a través de un pacto con Irán firmado en 2013, de los ciudadanos de ese país acusados de atentar contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994.
Tres días antes, el magistrado Julián Ercolini había elevado a vista oral otro de los expedientes en los que está procesada Fernández, por supuesta asociación ilícita y presunto fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. (I)