La Justicia argentina dictó este año 83 condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983), con lo que llega a 269 el número de condenados por esos delitos, según datos oficiales difundidos este sábado.

A lo largo de este año, concluyeron 21 juicios en tribunales de todo el país que juzgaron a 91 militares, policías y civiles acusados por delitos de represión, de los cuales ocho fueron absueltos y el resto condenados, indica un informe de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad.

Entre los condenados este año aparecen el ex general Reynaldo Bignone, último gobernante de la dictadura, y el ex marino Alfredo Astiz, apodado "el ángel de la muerte" por su actuación al frente de un grupo paramilitar que actuó en la cárcel ilegal que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.

Bignone, de 83 años, recibió el pasado jueves una condena de 15 años de prisión por crímenes en un centro de detención que funcionó en un hospital público de la periferia de Buenos Aires, castigo que se suma a sendas sentencias a prisión perpetua que se le dictaron en abril pasado y el mismo mes de 2010.

En octubre pasado, Astiz, de 60 años, fue condenado a prisión perpetua junto a otros miembros de "grupos de tareas" de la ESMA, entre ellos el exmarino Ricardo Cavallo, extraditado desde España, como responsables del secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domón, entre otras víctimas.

Del total de 269 condenados por delitos de represión política cometidos por la dictadura, 43 tienen condena firme refrendada por la Corte Suprema de Justicia, destacó la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad.

El informe señala que existen 843 personas procesadas, 449 de las cuales ya tienen alguna causa elevada a juicio oral y público, mientras que otras 141 tienen alguna causa en la que la Fiscalía pidió la elevación a juicio.

En diciembre de 2010, el ex general Jorge Videla, de 86 años, el primer gobernante de la dictadura, fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba (centro) por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por violaciones a los derechos humanos.

Videla fue uno de los jerarcas de la dictadura condenados en 1985 e indultados en 1991 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem, hasta que en 2003 el Parlamento anuló ese perdón y otras leyes que beneficiaron a represores, con lo que se reanudaron los procesos.

Unas 30.000 personas desaparecieron en Argentina durante la denominada "guerra sucia" desatada por la dictadura, según datos oficiales.