Una jueza de Argentina ordenó la suspensión cautelar de los derechos sobre acciones de la petrolera YPF que la española Repsol vendió el año pasado en la Bolsa de Nueva York, informaron fuentes del caso.

La medida fue adoptada el pasado viernes por la magistrada Edith Cristiano, a cargo del Juzgado del Trabajo de la sureña ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, a solicitud de la Federación de Ex Agentes de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.

Cristiano ordenó a YPF, bajo intervención estatal desde el 16 de abril pasado, que suspenda los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de la petrolera argentina que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York representativas del 11,5 % del paquete accionarial de YPF que Repsol ofertó en ese mercado en marzo de 2011.

La medida es cautelar ya que fue adoptada hasta que se resuelva sobre la nulidad de la venta planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, explicaron los abogados de ese colectivo.

La orden implica, en términos concretos, que los tenedores de dichas acciones no podrán percibir dividendos ni votar en las asambleas de accionistas.

Según los demandantes, en la venta de marzo de 2011 Repsol violó presuntamente una orden judicial de febrero de 2011 del juez federal argentino Oscar Valentinuzzi que impedía al grupo español vender sus acciones en YPF debido a una demanda presentada por la Federación de Ex Agentes.

Según los demandantes, en 1990 se estableció que el 10 % de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP), titular de acciones clase C.

Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta esas acciones sin la autorización de los trabajadores mediante un decreto del entonces presidente argentino, Carlos Menem, que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.

Repsol adquirió el 98 por ciento del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.

En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a los extrabajadores de YPF con bonos por un total de 100 millones de dólares, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.