Una orden de prisión preventiva para el expresidente peruano Alejandro Toledo y la expectativa por su extradición, solicitada a Estados Unidos, estrechan este lunes el cerco judicial en torno al exgobernante, por cargos de corrupción.

El juez Mario Guerra aprobó un pedido de la Fiscalía de lavado de activos, de que Toledo (2001-06) sea encarcelado como parte de una investigación por el cargo de lavado de activos.

El magistrado dispuso la orden de comparecencia -indagación en libertad- y ordenó que se gestione además una orden internacional de captura del exgobernante neoliberal, aunque tal mandato fue ya dictado.

La medida se extiende a la esposa belga de Toledo, Eliane Karp, y a los exagentes israelíes de inteligencia Yosef Maiman y Avi Dan On, este último jefe de seguridad de Toledo durante su gobierno (2001-06).

El caso está referido a la compra millonaria de inmuebles en Lima por la anciana suegra de Toledo, Eva Fernenbug, con dinero remitido por Maiman desde empresas de fachada establecidas por Toledo y Dan On en Costa Rica y Panamá.

Maiman, un acaudalado empresario peruano-israelí, ha dicho que el dinero era suyo, pero semanas atrás la empresa constructora Odebrecht confesó que pagó a Toledo un soborno de 20 millones de dólares a través de una cuenta de Maiman abierta en Suiza, lo que agravó la situación del exmandatario y los otros involucrados.

Tras esa revelación, el poder judicial peruano pidió al de Estados Unidos la extradición del exgobernante pronorteamericano, que radica en ese país, y su detención preventiva, y altas autoridades de la justicia peruana han manifestado preocupación por la falta de respuesta.

Sin embargo, la ministra peruana de Justicia, Marisol Pérez, dijo que espera una respuesta de Washington en las próximas semanas y expresó confianza en que la extradición se concrete, señalando que la entrega de Toledo es solo cuestión de tiempo.

Además de Toledo, Perú tiene dos expresidentes investigados por el Ministerio Público y otro preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción confesa, Alberto Fujimori (1990-2000).

Los investigados son Alan García (1985-90 y 2006-11), por posible corrupción en tratos con Odebrecht, y Ollanta Humala, por presunto lavado de activos relacionado con fondos electorales, aunque niega haberlos recibido de la empresa brasileña, como afirma esta.

Además, el exgobernante militar Francisco Morales Bermúdez (1975-80) fue condenado el 17 de enero último en Italia a cadena perpetua por su participación en el secuestro y desaparición durante su gobierno, de exiliados políticos argentinos.

Tal crimen fue cometido dentro del Plan Cóndor, mecanismo de coordinación represiva de las dictaduras militares de la época. (I)