Un juez argentino dispuso este jueves allanar y desalojar la agencia Audiovisual del Estado, en el marco de una escalada de tensiones por la decisión del presidente Mauricio Macri de intervenir el ente y destituir a su titular, un kirchnerista con mandato hasta 2017.

El juez aceptó el pedido de un fiscal que imputó este jueves por "usurpar autoridad" a Martín Sabbatella, el echado jefe del organismo, como parte de las disputas derivadas de la complicada transición política en Argentina.

El presidente Mauricio Macri ordenó el miércoles la intervención por 180 días a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

"Con el fin de preservar los bienes del Estado, resuelvo disponer el allanamiento del organismo", señaló una resolución del juez Julián Ercolini publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), aunque sin expedirse sobre la cuestión de fondo.

Indicó que el objetivo es "constatar en forma inmediata si se encuentran dentro del mismo personas ajenas o no a él e intimarlas a retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio o proceder a su inmediato desalojo", según el texto.

Más temprano, Sabbatella aseguró que cumplirá las órdenes judiciales, en declaraciones a la prensa en las puertas de la sede del AFCSA, al que concurrió en un día semiferiado en vísperas de Navidad.

"Cumplimos las órdenes judiciales, aunque no estemos de acuerdo y que en muchos casos nos parecen barbaridades que funcionan para sostener los intereses de grupos concentrados", afirmó Sabbatella, cercano a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

El responsable se resiste a dejar el cargo y presentó una medida cautelar amparándose en la Ley de Medios que le confiere mandato hasta 2017, al calificar de "un atropello" la medida del gobierno.

"En rebeldía" 

"El presidente tomó la decisión de intervenir y Sabbatella se tiene que ir", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una rueda de prensa este jueves en la Casa Rosada (gobierno) al defender el decreto como "absolutamente legítimo".

Peña hizo "un llamado a la reflexión" al funcionario echado "para que evite una situación complicada para él y para los empleados", al tiempo que lo acusó de "desconocer la autoridad presidencial".

Tras haber sido denunciado penalmente por el interventor designado del AFCSA, Agustín Garzón, Sabbatella fue imputado de "usurpar autoridad y desobediencia" por el fiscal federal Carlos Stornelli, un exjefe de Seguridad del club Boca Juniors que Macri presidió entre 1995 y 2007.

El objetivo del nuevo gobierno de derecha liberal es fusionar la AFSCA y la AFTIC, pero considera en "rebeldía" a varios funcionarios, entre ellos a Sabbatella, pieza clave del kirchnerismo en la pugna con el grupo mediático Clarín por la Ley de Medios.

El ente Audiovisual es el que se ocupa de hacer cumplir la resolución de que los medios monopólicos vendan en partes sus más grandes unidades de negocios. El sector de Macri votó en contra de la ley sancionada por amplia mayoría en 2009.

La Ley fue impugnada en la Justicia por el grupo Clarín, uno de los más grandes conglomerados de medios de Latinoamérica, lo que inició una larga batalla judicial y la división antimonopólica nunca pudo aplicarse al multimedios.

Apoyos y repudios

La intervención de los organismos de aplicación de la Ley de Medios fue repudiada por parlamentarios y exfuncionarios kirchneristas, del ala de centroizquierda del peronismo, así como por sindicatos y organismos de derechos humanos.

"El gobierno ha comenzado avasallando las instituciones", declaró la diputada kirchnerista Juliana Di Tulio.

La Red nacional de Medios Alternativos (RNMA) consideró que el decreto del gobierno busca "reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos".

En cambio, el jefe de Gabinete afirmó que la Ley de Medios fue usada como "un instrumento de persecución a los medios que no se ceñian a la política oficialista del kirchnerismo".

Peña sostuvo además que el gobierno de Macri busca "generar las condiciones para que haya inversiones en telecomunicaciones".

El bloque parlamentario que responde al opositor de centro derecha Sergio Massa consideró "legítima" la intervención. (I)