El juez federal de distrito de Charleston (EE.UU.), Richard Gergel, bloqueó hoy las partes más controvertidas de la ley estatal SB20 de Carolina del Sur, considerada una de las normativas antiinmigrantes más severas del país y que entra en vigor el próximo 1 de enero.

En su fallo, Gergel dejó sin efecto el artículo que permitía a los agentes de la ley locales y estatales pedir documentos migratorios a los sospechosos de ser indocumentados.

Igualmente, descartó las porciones de la ley referentes a la obligación de las personas radicadas en Carolina del Sur de portar documentos migratorios y la que convertía en un delito el transportar a personas indocumentadas.

"Este es un triunfo de la comunidad inmigrante", dijo Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, que ha luchado para impedir la aplicación de la SB20.

"El mensaje que tenemos que enviarle a la comunidad es que esté tranquila y que no sienta más zozobra", agregó Segura.

El veredicto de Gergel fue dado a conocer hoy en un documento de más de 40 páginas tras sostener una audiencia el lunes en la que escuchó los argumentos de los abogados de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, a favor de la normativa, y de los demandantes.

El juez demostró "conocer muy bien el tema y estableció una diferencia entre las funciones que tienen los Estados y el Gobierno federal en materia migratoria", dijo a Efe Eric Esquivel, uno de los demandantes, radicado en el balneario de Hilton Head.

El domingo 18 de diciembre grupos de fe y de derechos civiles realizaron marchas, manifestaciones y vigilias en las principales ciudades de Carolina del Sur para rechazar la SB20.

La gobernadora Nikki Haley había firmado la SB20, después de su aprobación en las dos cámaras legislativas de Carolina del Sur, el pasado 27 de junio, convirtiéndola en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país.

La SB20 contiene conceptos similares a la ley estatal SB1070 de Arizona y HB56 de Alabama, que han tenido efectos devastadores para la población inmigrante y la economía de esos estados.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia anunció que escuchará a las partes para emitir un fallo sobre la SB1070 de Arizona.

Una particularidad de la SB20 es que incluye la creación de la Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, que sería un brazo policial estatal compuesto por 12 agentes, para arrestar a indocumentados.

Asimismo, la SB20 contempla penas de cinco años de prisión y 25.000 dólares de multa a quienes produzcan documentos fraudulentos.

Previamente, en 2008 se aprobó en Carolina del Sur una ley estatal de inmigración que prohibió explícitamente el ingreso de estudiantes indocumentados en los colegios comunitarios y universidades públicas.

Se calcula de que de los 235.000 hispanos radicados en Carolina del Sur, al menos 45.000 son indocumentados. EFE