Un juez federal de Estados Unidos ordenó hoy bloquear partes de la ley de inmigración del estado de Georgia (sureste), impugnada por organizaciones civiles que la consideran inconstitucional y cuya entrada en vigor estaba programada para el 1 de julio.

Thomas Thrash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, bloqueó las secciones de la ley HB87 que permitían a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida, así como la provisión que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a inmigrantes.

En su veredicto, el juez señaló que la legislación sobre temas de migración le compete sólo al Gobierno federal e indicó que los demandantes tenían suficientes argumentos para demostrar que estas disposiciones estatales interfieren con las leyes federales.

En respuesta, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, indicó hoy que apelará la decisión del juez.

La ley migratoria de Georgia es una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y guarda importantes similitudes con la de Arizona, cuyos pasajes más controvertidos están suspendidos temporalmente por una corte federal.

La ley de Georgia aún cuenta, sin embargo, con las provisiones que exigen a las empresas con más de 10 trabajadores utilizar el sistema de verificación federal de datos, E-Verify, para revisar el estatus migratorio de quienes contraten, sección de la ley que se implementaría a partir del 1 de enero del 2012.

Otra de las secciones que no fue desestimada por el juez, y que entraría en vigor este viernes, es la que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el estado.

Una coalición de organizaciones, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Sindicato de Trabajadores de Servicios, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, presentó a principios de junio la demanda por considerar la ley inconstitucional.

"Esta es una victoria muy importante" para todas las personas a las que "les importan los derechos civiles y que no quieren que Georgia se convierta en un estado de mostrar documentos o un estado policíaco", dijo a Efe Azadeh Shashahanni, directora de Seguridad Nacional del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU en Georgia.

La ley, que sus detractores califican como una copia de la SB1070 de Arizona -que criminaliza a los indocumentados-, fue aprobada por el Legislativo estatal en abril de este año y promulgada por el gobernador de Georgia dos semanas después.

La industria agrícola, considerada como el principal motor económico del estado, ha sido una de las más afectadas debido a que mucha de la mano de obra inmigrante que emplea ha optado por irse del estado antes de que la medida entre en vigencia.

En Estados Unidos, la inmigración es una competencia del Gobierno federal, no de los gobiernos estatales; sin embargo, la ausencia de una reforma de las leyes migratorias ha llevado a que algunos estados promulguen normas contra los indocumentados. EFE