Un juez argentino declaró constitucional ayer un artículo antimonopólico de la Ley de Medios que habilita la licitación de un conjunto de licencias de radio y televisión que pertenecen al grupo Clarín, informó la agencia oficial Télam. “El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso declaró constitucional el artículo 161 de la Ley de Medios, que fue objetado por el grupo Clarín”, consignó la agencia estatal.

Clarín, el mayor multimedios del país que está enfrentado desde hace cinco años a la presidenta Cristina Kirchner, había presentado una demanda para declarar inconstitucional la cláusula que obliga a los grupos a desprenderse de frecuencias una vez superado cierto número de ellas fijado por la norma legal.

Clarín argumentó que el artículo atacaba la propiedad privada y atentaba contra la libertad de expresión. Este es el primer fallo de primera instancia que se pronuncia sobre la cuestión de fondo de la demanda, es decir, la constitucionalidad de los artículos objetados por el grupo, en un expediente que se inició hace tres años.

En el país existen 20 grupos multimedios que están violando la ley, de los cuales Clarín es el único que se rehúsa a desinvertir, mientras que el resto presentó voluntariamente planes de adecuación a la autoridad regulatoria (Afsca).

Clarín, uno de los principales grupos mediáticos de América Latina, tiene el diario de mayor circulación en Argentina, canales de aire y de cable, radios y redes de TV por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.

Según datos del Afsca, Clarín posee “el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo (que marca la ley) en todos los casos es 35%”. El informe de Afsca añade que Clarín debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61% de los abonados, y también desinvertir en radio y televisión analógica.

Tras conocer el fallo, la empresa mediática denunció, en un comunicado, que el juez “abunda en consideraciones políticas y desconoce la implicancia que los artículos impugnados tienen para la libertad de expresión” porque “omite violaciones constitucionales flagrantes”.

En el documento, Grupo Clarín agregó que la nueva ley le quita sustentabilidad a los medios independientes, “al avanzar contra sus licencias y favorecer la multiplicación de voces oficiales y paraoficiales, dependientes del dinero, los subsidios o los negocios estatales”.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández siempre ha rechazado todos los argumentos del Clarín y aseguró que la ley apunta a la desconcentración de medios, que evita la pluralidad de opiniones en el país sudamericano.