El Gobierno mexicano investigará a los funcionarios públicos que cometieron fallas y omisiones en la pesquisa sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, una actuación que permitió la liberación de 53 implicados. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, criticó la sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo alias “El Gil”, emitida el 30 agosto por el juez federal Samuel Ventura.

Encinas dijo que López es reconocido como jefe de plaza del cartel Guerreros Unidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes el 26 de septiembre de 2014.

“El juez determinó que no había elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro y se circunscribió a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación”, relató.

Añadió que Ventura consideró que se aplicó tortura pese a que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) realizó los exámenes médicos y psicológicos establecidos en el Protocolo de Estambul, que demostraron que el sospechoso no había sido torturado.

“Este es un precedente  grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada, y viene a fortalecer una tendencia que ya se registró con la libertad de otros detenidos en el caso”, expuso.

Precisó que de las 142 personas detenidas, a la fecha fueron liberadas 53 y existe el riesgo de que otras 50 también lo sean.

“La verdad histórica”
Las autoridades de la anterior administración de Enrique Peña Nieto sostuvieron que los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía de Iguala, Guerrero, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, cuyo presunto cabecilla era López Astudillo.

Jesús Murillo Karam, procurador general durante la presidencia de Peña Nieto, adquirió triste fama al anunciar la “verdad histórica” sobre la desaparición de los estudiantes. Dijo que los mataron e incineraron sus cadáveres en un basural.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero y desveló que la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

La denominada “verdad histórica” se construyó con base en la disimulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, sostuvo Encinas.

Encinas exhortó a la Fiscalía General de la República, que reemplazó a la PGR en diciembre de 2018 y que a diferencia de ella cuenta con autonomía respecto del Ejecutivo, para que “reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente”.

Anunció que se interpondrán de inmediato ante la Fiscalía General y el Poder Judicial los recursos necesarios para que se investigue a funcionarios y jueces que han intervenido en el caso.

El gobierno de López Obrador, en la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018, reabrió el caso y estableció una comisión especial, lo cual brinda nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos.

Pero la absolución de López asestó un nuevo golpe a sus expectativas de justicia y provocó críticas de organizaciones de derechos humanos.

“(La absolución) muestra  la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos pueda rectificarse con esta Fiscalía autónoma”, dijo esta semana el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín y otras ONG que ayudan a los familiares de las víctimas expusieron que la sentencia “confirma el fracaso judicial de esta investigación”. (I)