En 2001 Daniela Alulema y sus padres viajaron desde Quito hacia Estados Unidos. Tenía 14 años y a pesar de su edad entendía que migrar ilegalmente era la única forma que encontraron sus progenitores para ofrecerle un futuro mejor. Los problemas socioeconómicos y políticos de esa época no eran alentadores para  continuar en Ecuador.

Desde entonces, Alulema y su familia radican en Nueva York y aunque  el gobierno de Barack Obama -hace 5 años- la amparó mediante el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), hoy se siente amenazada por la política antimigratoria de Donald Trump.

A inicios de septiembre, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció que la administración de Trump canceló el DACA, pero la suspensión del programa no entrará en vigencia hasta el 5 de marzo de 2018. Es decir, en estos 6 meses, mientras tanto el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EE.UU., debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes beneficiarios de este decreto conocido como ‘soñadores’ (dreams en inglés).

En leyes, desde el 5 de septiembre, aquellos permisos de trabajo del DACA vigentes entre ese día y el 31 de marzo de 2018, podrían ser renovados por otros dos años.

No obstante, Alulema no entra en ese grupo ya que su permiso expira en octubre de 2018. “Los 6 meses van a pasar volando, prácticamente tengo un año para trabajar legalmente. Estudié Administración de Empresas con una maestría en Administración Pública y ahora estoy procesando todo lo que pasó: forjé una carrera y ahora todo se ve truncado”.

La quiteña, quien trabaja en el centro de estudio migratorio del New York State Youth Leadership Council (NYSYLC), en el cual también ayuda a jóvenes que al igual que ella están bajo la protección del DACA, compara a la fecha de expiración del permiso con una bomba de tiempo: “Se sabe que va a detonar y necesitamos una solución, pero definitiva”.

“Lo que se pierden son las metas; tantos años de trabajo y sacrificio, no solamente de uno sino de la familia y comunidad que nos ha apoyado. Son miles de médicos, profesores, abogados. Miles de profesionales que habíamos planificado toda una vida, pero vamos a luchar para que esto se resuelva”.

En cifras, el DACA  favorece a cerca de 800.000 dreamers -6.696 son ecuatorianos-, explica a EL TELÉGRAFO el activista peruano de la ONG Cosecha, Carlos Rojas. Añade que este grupo también representa la mano de obra y un pilar fundamental para el desarrollo económico estadounidense.

“El movimiento Cosecha busca una protección legal para los 11 millones de indocumentados en EE.UU. en los que se incluyen a los beneficiarios del DACA. Nosotros estamos organizando para el próximo año una huelga de 7 días a nivel nacional para que los estadounidenses dejen de preguntar: ¿si los migrantes somos buenos o malos?, o si no que se pregunten en ¿qué tan indispensables somos para el desarrollo del país?”.

De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, remover a los “soñadores” de la fuerza laboral estadounidense le costaría al Estado $ 11.000 millones anuales.

Rojas asegura que la mano de obra ilegal y del DACA está distribuida en sectores fuertes como: la agricultura, los restaurantes, los hoteles, los hospitales, las guarderías, entre otras actividades y que una paralización los haría recapacitar.

La resolución sobre el DACA no es solo un golpe para los jóvenes que la usan sino para toda la comunidad, pues ellos proveen el sustento de sus familias. Pero, también es un ataque a los empresarios americanos porque en los próximos 6 meses cerca de un millón de personas van a perder su plaza de trabajo, menciona Rojas.

Para frenar la medida de Trump, Rojas hace un llamado a los migrantes legales e ilegales y los del DACA a salir a las calles para rechazar la política de Trump.

$ 465 cuesta la renovación

La quiteña Daniela Alulema, quien trabaja en centro de estudio migratorio NYSYLC, indicó que mientras el Congreso toma una determinación sobre los protegidos del DACA, la ONG en la que labora está enfocada en capacitar y ayudar a los jóvenes cuyo documento expira en estas fechas y así protegerlos de la deportación.

“Tenemos agencias legales, además tratamos de recaudar fondos para colaborar con los jóvenes que no poseen el dinero para renovar el DACA”.

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Alulema explicó que el costo de la renovación del DACA es de $ 465: esto incluye una cuota de $ 380 para el Formulario I -765 y $ 85 para las huellas digitales. Aunque para algunos es una cantidad insignificante, para una familia numerosa de migrantes este dinero pesa, más si se toma en cuenta que el pago de la renovación es cada 2 años.

Alulema también destaca el apoyo de líderes poderosos de grandes firmas como Microsoft, Apple, así como los dirigentes comunitarios y políticos que rechazan la política antimigratoria de Trump.

“Ahora estamos luchando para que el Congreso apruebe un proyecto de ley y más que eso que no tener que pagar un alto precio por ello”.

En este contexto, el 5 de septiembre Trump habló sobre financiar la construcción del muro fronterizo con México a cambio del ‘Dream Art’, un proyecto de ley para regularizar la situación de los ‘soñadores’.

Pero no solo los empresarios apoyan a los jóvenes. Hasta el martes, 17 estados más Washington, capital estadounidense, se sumaron a la acción legal para impugnar la decisión del presidente republicano.

De acuerdo con el portal Univisión, la demanda presenta argumentos de procedimiento, incluso por ejemplo que la ley federal requiere que este tipo de decisiones se tomen por razones sólidas y solo después de que el público tenga la oportunidad de hacer comentarios formales. Asimismo, el documento, que se ampara en la Quinta

Enmienda constitucional, advierte a las autoridades administrativas y de inmigración abstenerse de usar información provista por los participantes del programa para deportarlos y procesar a sus empleadores.

La querella dice que eso sería hacer mal uso de la información proporcionada de buena fe por los participantes del programa.

Por su parte, Sessions alega que la orden ejecutiva del expresidente Obama para autorizar DACA sin aprobación del Congreso “fue un ejercicio inconstitucional de autoridad”.

Legisladores aprueban fondos para dreamers

Los legisladores estatales anunciaron el lunes un acuerdo con el gobernador de California, Jerry Brown, para destinar $ 30 millones para ayudas a los beneficiarios del DACA.

La decisión busca ayudar a los dreamers que perderán su permiso de trabajo y su protección cuando el programa sea cancelado por completo en marzo de 2018.

“No permitiremos que un hombre con tendencias xenófobas socave los años de progreso que hemos hecho en California para integrar a estos jóvenes adultos en nuestra sociedad y nuestra economía”, declaró el presidente del Senado, el demócrata Kevin de León, al hacer el anuncio. (I)

DATOS

El Congreso está dividido entre: los demócratas, unidos para regularizar a los ‘soñadores’; y los republicanos, que condicionan su ayuda con fondos para reforzar la seguridad en la frontera.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó el martes en favor de vetar por un año a sus funcionarios de viajar a los estados que apoyen acabar con DACA. Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia son los afectados. (I)

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El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

Ante la dificultad de aprobar una reforma migratoria y tras varios intentos sin éxito de que el Congreso diera luz verde a proteger de la deportación a quienes habían sido llevados de niños por sus padres a Estados Unidos, el expresidente Barack Obama impulsó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o (DACA) en 2012.  

“Son estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todas las formas posibles, salvo en una: sobre el papel”, manifestó Obama, quien firmó una orden ejecutiva para ello.

Este programa se creó a través de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, por eso su rescisión no necesitó pasar por el Congreso.

Según el Instituto de Política Migratoria, 1,9 millones de jóvenes indocumentados cumplían las condiciones para acogerse a DACA, pero muchos no solicitaron entrar en el programa.

El DACA es un permiso que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos sin el temor de una inminente deportación. Aunque la medida fue un alivio temporal, los beneficiarios del programa de protección mantenían el temor de que las cosas cambiaran, y que las autoridades migratorias los pudieran localizar fácilmente para deportarlos, ya que la administración cuenta con todos sus datos personales, entre ellos su dirección.

Durante la campaña electoral de 2016, Donald Trump prometió que acabaría con DACA, y desde entonces los republicanos han presionado por su fin. Ahora como mandatario dejó esta tarea al Congreso, que tiene 6 meses para decidir.

Pero, tras la creación del DACA, la medida protectora se amplió para crear también el DAPA, un programa de acción diferida para padres de ciudadanos o residentes  permanentes de Estados Unidos.

Tanto el DACA y el DAPA solo ayudaron temporalmente a los inmigrantes indocumentados. No obstante, si alguien tenía alguna protección o beneficio migratorio, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) o una visa de estudiante, no calificaban. (I)