Bogotá.- El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, hizo una defensa del proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos negocia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dejó claro que es sustancial lograr un consenso para reparar a las víctimas del conflicto armado.

“Nosotros estamos en La Habana justamente para buscar el fin del conflicto y estamos allá por las víctimas y para las víctimas… estamos en la mesa de La Habana para que no haya víctimas pero también para que aquellos que lo son, vean que sus derechos son debidamente satisfechos en un escenario de fin del conflicto”, manifestó.

En ese sentido, defendió que por primera vez en una agenda de negociación hay un punto sobre los afectados por el conflicto. “Nosotros como gobierno, en la parte confidencial de las negociaciones en el año 2012, insistimos con mucha fuerza que no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que no incluyera un punto sobre estas personas”, aseguró.

Y continuó: “Quedó claro que debe establecerse qué es lo que cada quien va a hacer para responderle a sus propias víctimas porque es una de las bases y pilares de la paz”.

Por eso, Jaramillo dijo que lo primero que debe hacerse es oír a los afectados y destacó la sesión que prepara el Congreso en pleno para escucharlas. “La paz es posible si logramos un consenso al interior de la sociedad sobre qué es lo que queremos hacer, cómo imaginamos una Colombia en paz y cómo imaginamos a las víctimas en ese escenario de construcción de paz y posconflicto. El primer consenso por construirse es sobre sus derechos”, agregó.

Según un informe de la revista colombiana Semana, el número de perjudicados por el conflicto armado supera los 6 millones desde 1984. En su mayoría, se trata de quienes sufren desplazamiento forzoso, los cuales suman casi 5,4 millones.

Pero están también miles de personas que sufrieron toda suerte de otros crímenes de guerra: más de 130.000 amenazados, cerca de 75.000 que perdieron algún bien, más de 90.000 desaparecidos, más de 21.000 secuestrados, casi 55.000 padecieron  algún tipo de acto de terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y más de 540.000 personas afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 mutilados por minas antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de reclutamiento forzado de niños y 4.000 casos de violencia sexual. Todo esto compone la radiografía  compilada por la Unidad de Víctimas.

Un elemento preocupante -señala Semana- es que, pese a que el proceso de reconocimiento y reparación está en pleno curso (se ha indemnizado a 350.000 personas) y pese también a la negociación para poner fin al conflicto armado, el número de víctimas ha crecido mucho durante el actual gobierno.

En 2012 más de 221.000 personas sufrieron algún tipo de agresión y lo mismo ocurrió con otras 122.000 el año pasado. En total, más de medio millón de colombianos han sido afectados por el conflicto desde que se aprobó la Ley de Víctimas, en junio de 2011. Y, como lo constató la Corte Constitucional el año pasado, los grupos sucesores de los paramilitares, o bandas criminales, pese a no ser reconocidos como actores del conflicto, generan desplazamiento, homicidios, desapariciones y masacres, concluye Semana.

FARC DEMANDA UNA POLÍTICA ANTIDROGAS

El domingo concluyó el XXII ciclo de diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano,  con avances sustanciales para la solución al problema de las drogas ilícitas, tercer tema en discusión de una agenda de seis.

Desde su instalación en noviembre de 2012, los diálogos de paz han logrado acuerdos parciales calificados por muchos como históricos en los temas de desarrollo agrario integral y participación política.

Si bien el tema actual de discusión  concierne al problema de las drogas ilícitas, el XXII ciclo de diálogos se caracterizó por el apoyo de las FARC al pliego de demandas emanadas de la Cumbre Nacional Agraria, celebrada en Bogotá del 15 al 17 de marzo, y el llamado al Gobierno a atender los reclamos de las comunidades rurales en el  programa de erradicación de los cultivos ilícitos.

En esa coyuntura, la guerrilla abogó por la sustitución de los usos ilícitos de la hoja de coca, amapola y marihuana, mediante programas de desarrollo alternativo que garanticen ingreso, bienestar y trabajo digno a las comunidades. (PL)