Una madeja enredada, difícil de deshilar. Así aparece el caso del albergue La Gran Familia, una casa hogar para menores donde vivían cerca de 600 personas y fue allanada por el gobierno mexicano.

‘Mamá Rosa’ es el nombre que resuena en medios de comunicación, espacios de trabajo y pláticas familiares. Rosa del Carmen Verduzco es fundadora y directora del albergue, una mujer de 79 años, que ahora parece tener 2 caras: para algunos es un ejemplo de altruismo, para otros, sinónimo de horror.

El escándalo comenzó el martes 15 de julio. Se interrumpió la rutina de Zamora, ciudad de 140 mil habitantes en el estado de Michoacán. Con un operativo que incluyó sobrevuelos en helicóptero, cerca de 100 policías y militares encapuchados, junto con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, psicólogos y peritos entraron al internado. Tomaron el control y apresaron a Rosa Verduzco.

Relatos y fotografías revelaron hacinamiento, comida en mal estado, colchones podridos y agusanados. Se descubrió que en los cuartos no había ventanas sino barrotes.  

El caso representa una “inmensa injusticia”, resumió el historiador Enrique Krauze, consultado por EL TELÉGRAFO.

Otros personajes públicos consideran que hay un linchamiento a la directora del albergue, a quien consideran un ejemplo de compromiso social porque eligió dedicar su vida a los marginados. Por ella reclaman los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el futbolista Rafael Márquez, la escritora Elena Poniatowska y una treintena de intelectuales.

Mientras en Zamora hay protestas en favor y en contra de Mamá Rosa, el gobierno argumenta que actuó en respuesta a las denuncias presentadas por cinco padres en 2010. Todavía no se conocen los cargos que imputan a Verduzco y ocho colaboradores.

¿Cómo pueden estar cerca de 600 niños en un albergue cuando las normas internacionales recomiendan que tengan un máximo de 30? ¿Cómo puede llegar la situación a ese nivel cuando La gran Familia contaba con aval, convenios y financiamiento parcial por parte del Estado mexicano?

“Estas instituciones han hecho una función que le toca al Estado y las instituciones (públicas) que las deben supervisar están rebasadas, no sólo en Michoacán sino en el país”, explica a Gabriela Molina, exdiputada michoacana y exfuncionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En la última década hubo varios escándalos en instituciones privadas. Entre ellos, problemas de salud en Villa de la niñas con 3.600 internadas en el Estado de México (2007); la desaparición de 25 niños de los albergues Casitas del Sur que puso en evidencia una red de trata de menores (2008); y la muerte de 49 bebés y niños durante el incendio en la Guardería ABC concesionada por el estado en Hermosillo (2009). En la mayoría de los casos, las autoridades no han sido sancionadas.

Muchos aseguran que lo ocurrido en La Gran Familia era un secreto a voces, un ejemplo que destapa problemas añejos. Porque en México hay al menos 29 mil menores en este tipo de hogares, refugios e internados, según datos oficiales poco actualizados, pero en realidad son cerca de 412 mil los niños que no cuentan con cuidados parentales.