Una investigación que realizó The New York Times sobre asesinatos cometidos por la policía en Honduras, sacó a la luz la implicación de dos directores generales que dirigieron la entidad durante 2010 y 2012.

El informe de la Inspectoría General de la policía del país señala a los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, quienes trabajaron para el cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos.

Según los informes, los gendarmes habrían organizado, ejecutado y encubierto el asesinato del General Julián Arístides González, zar antidrogas del país.

Lo mismo habrían hecho con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, colaborador del General Arístides González, quien ejerció también como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en Honduras.

Encubrimiento

Salomón Escoto Salinas, Director General de la Policía, supo de las actividades de sus compañeros, hasta el punto de prestarles su despacho para coordinar el asesinato del General Arístides González.

Los generales Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón Pineda, que dirigieron la policía de Honduras entre 2012 y 2014, tuvieron copias de los informes de la inspectoría y no hicieron nada para llevar a los responsables ante la justicia.

De acuerdo a los documentos internos, quien fuera ministro de seguridad en aquel momento, Pompeyo Bonilla, también supo y no actuó.

Participación de EE.UU

El encubrimiento de los asesinatos tuvo lugar mientras Estados Unidos colaboraba económica y políticamente con la policía de Honduras financiando parte de sus actividades y un proceso de depuración que abandonó a mediados de 2013.

El fiscal general de Honduras, Mario Chinchilla, pidió ayuda a Estados Unidos en 2015 para resolver los asesinatos del General Arístides González y Landaverde. El Departamento de Estado confirmó a The New York Times que Estados Unidos envió asesores pero el caso no avanzó.

Presión ciudadana

La revelación de la responsabilidad de la cúpula policial hondureña en asesinatos de alto impacto sucede la misma semana que se ha instalado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Creada por la Organización de Estados Americanos con el permiso del gobierno, la misión busca responder a la presión ciudadana que el año pasado pidió en las calles que la comunidad internacional interviniera el sistema de justicia del país.

El director de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, exministro de justicia de Perú, manifestó que serán ellos quienes elijan los casos a investigar y que la corrupción policial puede caer dentro del ámbito de competencia de la misión. (I)